Opinión

EDITORIAL

Contradicciones monetarias y crediticias

Actualizado el 01 de julio de 2013 a las 12:02 am

Las restricciones impuestas a la expansión del crédito en el sector privado no armoniza con la reducción de tasas de interés por el Banco Central.

Conassif y Sugef están en mora en cuanto a las normas para hacer más estricto el crédito otorgado a los no generadores de divisas.

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Hemos observado algunas contradicciones en las políticas monetaria y crediticia del Banco Central en los últimos meses, particularmente relacionadas con las restricciones impuestas a la expansión del crédito en el sector privado para evitar la inflación y dolarización, y la reducción posterior de sus propias tasas de interés para hacer precisamente lo contrario: estimular el crédito, la producción y el empleo.

También hemos percibido la posibilidad, ojalá equivocada, de que el Banco Central no siempre actúe con entera independencia al fijar sus políticas. Lo decimos con preocupación y respeto por una de las instituciones más importantes del sector económico estatal.

Las limitaciones a la expansión crediticia del sector privado no financiero se impusieron con dos motivaciones principales: evitar que las variaciones en el índice de precios al consumidor (IPC) se salieran de las metas de inflación determinadas en el Programa Macroeconómico aprobado por la Junta Directiva para el periodo 2013-2014, ubicadas en un 5%, con un margen de variación de un punto porcentual hacia arriba y abajo, y contribuir a reducir la dolarización de la economía.

Ambos factores preocupaban al Banco Central, razón por la cual decidió actuar. Cuando la inflación interanual se salió de las metas establecidas debido (entre otros factores) al fuerte crecimiento del crédito privado, principalmente en dólares, la Junta Directiva decidió imponer límites globales a la expansión crediticia y límites específicos con base en las colocaciones registradas por cada institución el año pasado, tanto en dólares como en colones. En ese momento, las expectativas de inflación calculadas mensualmente por el Banco Central también se habían salido de las metas (6,5% anual). El objetivo de la restricción era muy claro: evitar que la inflación se le fuera de las manos y contribuir a desdolarizar la economía.

Sin embargo, las circunstancias internas y externas cambiaron, algunas con posterioridad a la adopción de las restricciones crediticias. En el plano externo, la tasa de crecimiento de la economía norteamericana –nuestro principal socio comercial– continuó dando muestras de ralentización; en la Unión Europea se acentuó la recesión y en el resto del resto del mundo el crecimiento continuó dando muestras de fragilidad. Eso afectó nuestras exportaciones, cuya tasa de crecimiento anual se ha reducido prácticamente a la tercera parte (alrededor del 4%) comparada con la que experimentábamos un año atrás (12%).

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En el plano interno, tres eventos importantes provocaron una nueva decisión de la Junta Directiva del Banco Central: la tasa de crecimiento de la producción nacional se redujo considerablemente, según muestra el índice mensual de actividad económica (IMAE), la expansión crediticia del sector privado no financiero dio muestras de poco dinamismo al crecer por debajo de los límites impuestos en la resolución anterior y la inflación interanual (medida por el IPC) se redujo, y se volvió a ubicar dentro de las metas establecidas. La tasa de crecimiento del IPC en mayo fue bastante baja.

Ante ese cambio de circunstancias, y al estimar que la economía crecería este año a una tasa inferior del promedio anual de los últimos 15 años, la Junta Directiva decidió bajar su tasa de interés de política monetaria de un 5% al 4% (ambos anuales), y otras tasas de corto plazo de una manera similar. La justificación de esa medida se desprende de los considerandos de la resolución, principalmente de la percepción de una cierta capacidad ociosa, medida por la diferencia entre el crecimiento histórico (promedio) y la tasa de crecimiento actual de la producción. Eso permite, en buena teoría, practicar una política monetaria más flexible para estimular la demanda agregada y contribuir al crecimiento de la producción y empleo.

Nos parece que esta segunda decisión de la Junta Directiva del Banco Central está relativamente bien justificada. Lo hacen todos los bancos del mundo ante fenómenos de recesión o ralentización. Pero no resulta compatible con la restricción a la expansión crediticia impuesta algunos meses atrás, pues va en la dirección contraria. Lo procedente, en este caso, es derogar la primera –restricción crediticia– para que la segunda –reducción de las tasas de interés– pueda ser efectiva y estimular la producción. La Junta Directiva del Banco Central, sin embargo, no lo hizo así. La instamos respetuosamente a actuar de conformidad.

Para finalizar, dos observaciones relevantes: el presidente ejecutivo del Banco Central, Rodrigo Bolaños, dijo que los límites al crédito aplicable a las instituciones financieras no los afectarían pues eran muy amplios, sobre todo en colones, y no mostraban una política verdaderamente contractiva del Banco Central. Entonces, ¿para qué imponerlos? Lo más inconveniente de esas restricciones fue echar marcha atrás en el proceso de liberalización financiera iniciado años atrás (topes selectivos de cartera eliminados hace veinte años), en vez de descansar en otros instrumentos indirectos de la política monetaria, como las tasas de interés, más compatibles con el mercado y su correcta asignación de recursos. También dijo don Rodrigo que se eliminarían las restricciones crediticias una vez que entraran en vigencia las nuevas regulaciones del Conassif y la Sugef para hacer más estricto el crédito a los no generadores de divisas, por el riesgo involucrado. En eso tiene razón. Quienes están en mora son el Conassif y la Sugef.

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La otra consideración tiene que ver con las peticiones de los banqueros, recogidas en este periódico la semana pasada, en sentido de solicitar al Poder Ejecutivo intervenir ante el Banco Central para derogar la restricción crediticia. Aunque tienen razón desde el punto de vista económico, afectan la percepción de autonomía y credibilidad de esa institución. La instancia debieron haberla formulada directamente ante el Banco Central.

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