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EDITORIAL

Contradicciones de la educación superior

Actualizado el 05 de junio de 2015 a las 12:00 am

El Conesup cerró una sede universitaria por carecer de las condiciones mínimas y, acto seguido, dio por buenas las lecciones impartidas hasta el momento

La contradicción solo se explica por la responsabilidad compartida de la entidad supervisora, que debió proceder mucho antes

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El Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup) pide a los centros de estudios superiores reconocer a los alumnos de la sede de la Universidad Panamericana en San Carlos las materias cursadas antes del cierre de las instalaciones. Además, permitirá a quienes hayan completado los requisitos de graduación inscribir los títulos ganados.

La contradicción es inquietante. El Conesup decreta el cierre porque la sede universitaria carece de las condiciones exigidas para la educación superior y, acto seguido, da por buenas las lecciones impartidas hasta el momento. Si la falta de requisitos es tanta como para justificar la clausura de la sede, ¿por qué se otorga validez a los cursos y títulos ganados mientras operó?

La respuesta apunta a la responsabilidad compartida de la entidad supervisora. Si la sede no cumplía los requisitos, debió cerrar antes de impartir lecciones y, mejor aún, antes de matricular a los estudiantes. La clausura debió haberla ordenado el Conesup en el momento oportuno. Si lo hizo con tardanza, no puede expiar su parte de responsabilidad con el reconocimiento automático de las materias cursadas.

El sentido de la educación universitaria es adquirir conocimientos, no un informe de notas o un certificado de conclusión de estudios. Y el único sentido del Conesup es garantizar que las sedes universitarias privadas impartan esos conocimientos, no los títulos.

La solución propuesta demuestra sensibilidad ante el esfuerzo y la inversión de los estudiantes, pero plantea con descarnado realismo las contradicciones de nuestra educación superior privada y la debilidad de los controles establecidos para garantizar su excelencia o, cuando menos, su aceptable eficacia.

Hay universidades privadas comprometidas con la excelencia y algunas compiten con ventaja, en cuanto a formación, con sus pares del sector público. Tampoco se les puede tachar de excesivamente caras antes de hacer un estudio comparativo de los costos de la educación por graduado en uno u otro caso. La comparación podría arrojar resultados sorprendentes.

La educación privada ofrece posibilidades de formación a estudiantes que de otra forma no la obtendrían. Amplía la oferta, contribuye a elevar la competitividad del país y el ritmo de su desarrollo, pero lo sucedido en San Carlos demuestra la deficiencia de la supervisión necesaria, de la cual solo pueden beneficiarse las instituciones menos esforzadas.

Según el Conesup, la universidad clausurada impartía cursos de Enfermería, Ingeniería, Publicidad, Contaduría, Derecho y Arquitectura sin contar con laboratorios de informática, bibliotecas o permisos de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del ministerio del ramo. Ninguno de los dos edificios donde funcionaba en San Carlos cumplía este último requisito, pero la sede fue aprobada en 1990, según las autoridades del centro de enseñanza superior. ¿Cumplía entonces los requisitos? ¿Cuándo dejó de cumplirlos? ¿Qué pasó en el ínterin y cuándo se enteró el Conesup de tan radical cambio de las condiciones?

Nueve inspectores del Conesup fiscalizan 53 universidades privadas y 1.741 carreras que producen 28.000 graduados cada año. El control no puede pasar, en esas condiciones, de meros ejercicios de escritorio. Así se explica también la tardía detección de deficiencias tan flagrantes como las atribuidas a la sede universitaria de San Carlos.

Por eso celebramos, en nuestro editorial del 26 de marzo, la iniciativa de la ministra Sonia Marta Mora para reformar la ley del Conesup, aprobada hace 34 años. Entre los propósitos de la reforma está, precisamente, ampliar los requisitos para el establecimiento de las universidades privadas y sus sedes regionales, además de introducir nuevos requisitos de transparencia en la información puesta a disposición de los usuarios y fortalecer el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes). Lo sucedido en San Carlos es testimonio de la urgencia del cambio.

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