Opinión

EDITORIAL

Contradicción municipal

Actualizado el 12 de octubre de 2013 a las 12:00 am

Los controles municipales sobre la construcción no alcanzan el equilibrio justo entre el rigor y la celeridad

Autoridades del sector vivienda responsabilizan a los gobiernos locales por buena parte de los subsidios no otorgados en el 2012

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A lo largo de la última década, barrios y ciudades experimentaron la aparición de 300.000 viviendas construidas sin permiso municipal. En algunos cantones, el incumplimiento puede ser constatado en el 60% de las construcciones y, según el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, una de cada cinco edificaciones carece de la venia municipal.

Al mismo tiempo, autoridades del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y de la Fundación Promotora de Vivienda (Fuprovi) depositan buena parte de la responsabilidad por los subsidios no otorgados en el 2012 sobre los hombros de los gobiernos locales. Los permisos de construcción, cuando el interesado no quiere o no puede obviar el trámite, son difíciles de conseguir.

El contraste apunta a un exceso de laxitud de las municipalidades frente a las construcciones informales y un rigor igualmente exagerado cuando el solicitante intenta cumplir los requisitos de ley, aunque venga apadrinado por las instituciones del sector financiero para la vivienda.

La relación entre los dos fenómenos también es evidente. Si la ley puede ser violada con impunidad y su cumplimiento importa un castigo –la dilación y la sumisión a la tramitología–, el incentivo para obviar requisitos es tentador.

Las consecuencias para la seguridad de las construcciones, la planificación del uso de suelos y la provisión de servicios son también evidentes. Menos visible es la pérdida de oportunidades para las familias necesitadas de un bono de vivienda. El año pasado, las instituciones del sistema entregaron mil subsidios menos que en el 2011. Los bonos habrían significado una inversión adicional de ¢6.500 millones en un país donde el déficit de vivienda es todavía importante, tanto por la necesidad de nuevos techos como por la calidad de buena parte de los existentes.

No todas las oportunidades perdidas son producto de los obstáculos impuestos por el trámite municipal. El Banhvi y Fuprovi no generalizan el cargo. Los requisitos técnicos y financieros consumen tiempo y esfuerzo en todo el sistema. Recibido el expediente con todos los requisitos, el Banco tarda hasta cuatro meses para emitir el bono.

Pero la sola mención de las municipalidades como factor en los atrasos trae a la mente la inobservancia generalizada de requisitos de quienes optan por la construcción informal. La necesidad de reforma es incontrovertible. Los gobiernos locales alegan, en muchos casos con razón, carencia del personal adecuado para las tareas de inspección y autorización.

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Sin embargo, una revisión de los trámites actuales podría revelar oportunidades de simplificación y, cuando se trate de viviendas de interés social financiadas por las instituciones del ramo, es preciso aprovechar el camino andado en la fase de aprobación del bono, antes de la solicitud de permisos de construcción.

El problema tiene la envergadura necesaria para justificar el interés del Ministerio de Vivienda, cuyas potestades alcanzan hasta donde comienza la autonomía de los gobiernos locales, lo cual no impide la búsqueda de soluciones para un cuello de botella que afecta directamente el desempeño de la cartera. Si los controles municipales no alcanzan el equilibrio justo entre el rigor y la celeridad, el apoyo de entidades expertas podría marcar una diferencia.

Eso no exime de revisión a las propias instituciones del sector vivienda. El año pasado, la Contraloría General de la República atribuyó a la mala fiscalización del Banhvi las graves fallas detectadas en cuatro proyectos. El Ministerio de Vivienda también constató el otorgamiento de beneficios a decenas de familias no calificadas para recibirlos.

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