Contradicción insalvable

El convenio establece la oposición del bloque a la aprobación del impuesto al valor agregado (IVA) según lo propuso la Casa Presidencial. La administración procura sustituir el impuesto de ventas con el IVA y, al mismo tiempo, fijarle una tasa superior. El nuevo tributo mantendría la tasa del 13% el primer año, pero subiría un punto en los dos siguientes hasta alcanzar el 15% en su tercer año de vigencia.

El primer año, Hacienda espera elevar la recaudación en unos ¢133.000 millones gracias a la inclusión de bienes y servicios no gravados en la actualidad. Los ingresos aumentarían en el mismo monto el segundo año por el alza de un punto en la tasa. Igual ocurriría en el tramo final, cuando el gravamen alcance el 15%. Si el pacto del bloque tiene éxito, el Estado perderá dos tercios de la recaudación pretendida, unos ¢266.000 millones.

Según Edgardo Araya, jefe de fracción del Frente Amplio (FA), con solo trocar el impuesto de ventas en IVA “se percibe un montón de plata”. El gobierno sabe cuánta, pero es la tercera parte de lo esperado y está lejos de satisfacer las exigencias de la situación fiscal. La posición asumida por el FA es comprensible, pero es difícil entender la de la fracción oficialista.

En primer lugar, importa esclarecer si el acuerdo firmado en el Congreso contó con la venia de la Casa Presidencial. Algunos diputados del PAC no fueron consultados, pero sería realmente extraordinario si los firmantes no se hubieran tomado la molestia de informar a la Presidencia. Si lo hicieron, el asombro se traslada a Zapote, no solo por la renuncia a una posición hasta ahora sostenida con insistencia, sino porque altos mandos del Ministerio de Hacienda, en particular el viceministro Fernando Rodríguez, no estaban informados e insisten en defender la propuesta inicial.

Si el acuerdo no contó con aval previo de la Casa Presidencial, el liderazgo del gobierno queda muy en entredicho. Si la administración estuvo de acuerdo, su inconsistencia daña, una vez más, toda base de negociación con las fracciones opositoras, victoriosas en la elección del Directorio. Los firmantes del PAC no lograron controlar el gobierno legislativo con apoyo del FA, pero quedaron comprometidos a oponerse a la iniciativa de su propia administración.

Sin embargo, la fortaleza de ese compromiso también está en entredicho. Según Laura Garro, jefa de fracción del PAC, los firmantes suscribieron el acuerdo “conscientemente” pero como partido no han “tomado una posición”. Al parecer, entonces, se trata de un compromiso asumido en forma individual por los firmantes, no por el partido. Sin embargo, es difícil adivinar las consecuencias prácticas de la distinción. Si una holgada mayoría de la fracción asumió el compromiso individual, ¿qué importancia tiene la posición del partido? O los suscriptores del acuerdo con el FA están dispuestos a desvincularse de ellos si se los pide el partido o la decisión del PAC carece de trascendencia. La tercera posibilidad es que la agrupación política ratifique lo acordado por el Bloque Progresista. En ese caso, el gobierno carece de fracción y de partido.

Urge una aclaración de la Presidencia, cuando menos para ubicar a los demás actores del debate legislativo en cuanto a la posición del gobierno. Sin conocerla con precisión, difícilmente avanzará la agenda hasta ahora impulsada con tanto empeño y con advertencia de severas consecuencias para el país si el esfuerzo desemboca en fracaso.