EscucharLa Costa Rica ecologista, empeñada en alcanzar la meta de la carbono-neutralidad en el 2021, prefiere instalar plantas de generación térmica de electricidad en vez de explotar sus fuentes limpias de energía. Opta por transportar, de costa a costa, el combustible necesario para la operación de esas plantas, asumiendo los graves riesgos implícitos para mares, ríos y bosques.
La Costa Rica moderna, con vocación de progreso económico y decidida a sumarse a la nómina de países desarrollados, prefiere cultivar la dependencia del combustible extranjero antes de explotar los recursos propios. Opta por someterse a los caprichos del mercado internacional del petróleo, asumiendo el grave riesgo económico. Escasa de recursos para desarrollar obra pública, se niega a permitir a los generadores privados ampliar la capacidad instalada con inversiones salidas de sus bolsillos. Prefiere, en suma, pagar cuatro veces más por la energía sucia que ofrecer al sector privado precios de compra atractivos.
Los generadores privados dejaron de invertir. El precio de compra está fijado desde el año 2002, sin ajustes, en $0,06 por kilovatio hora y a esa tarifa no se justifica la inversión. El sector privado pretende entre $0,11 y $0,13 por kilovatio hora, un aumento del 100%. No es tanto como parece cuando se considera que la nueva planta térmica de Garabito, construida por el Instituto Costarricense de Electricidad, tendrá un costo de $0,46 por kilovatio hora, cuatro veces más que la tarifa pretendida por las empresas privadas.
A cambio, ofrecerá la energía más contaminante posible e incrementará nuestra dependencia del combustible extranjero. Sumará procesiones de cisternas a las congestionadas carreteras entre Limón y Puntarenas y creará un nuevo repertorio de riesgos ecológicos y humanos.
Los generadores privados ofrecen energía limpia, producida con biomasa, agua y viento, en cantidades comparables a las de Garabito. No ofrecen más porque la ley limita su participación a un 30% de la capacidad instalada nacional. No han alcanzado ese límite porque los precios de compra no son atractivos.
En la actualidad, los generadores privados aportan un 21% de la capacidad instalada y el Congreso estudia la posibilidad de elevar el límite al 35% con la idea de aumentar la participación mediante precios más atractivos. Garabito generará 200 megavatios, poco más de los 180 que el sector privado está dispuesto a producir en el corto plazo.
La coincidencia de autoridades y expertos es amplia. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) tiene la generación eléctrica entre sus prioridades, dice Dennis Meléndez, el regulador general. Eduardo Doryan, presidente ejecutivo del ICE, manifestó voluntad de apoyar a la generación privada para llenar su cuota de generación. El Gobierno impulsa un proyecto de ley destinado a conseguir similares objetivos.
Tanto acuerdo y movimiento no significa soluciones inmediatas. Aresep ofrece tener lista la metodología y la nueva estructura tarifaria en el plazo de seis meses. El Congreso estudiará, a su paso, la nueva iniciativa de ley, pero ya hay desacuerdos que presagian atrasos. El ICE aceptó la elegibilidad de un grupo de proyectos privados capaces de generar 98 megavatios y comenzó el trámite de otro grupo de iniciativas con proyecciones de 66 megavatios más.
El tiempo pasa. Las oportunidades perdidas difícilmente serán recuperadas y, mientras tanto, preferimos decantarnos por la más profunda contradicción de nuestros intereses económicos y las aspiraciones ecológicas pregonadas al mundo. Es hora de mostrarnos capaces de alcanzar la coherencia.
