EscucharLa Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) es una fuente constante de escándalos, todos relacionados con las materias más sensibles para las sociedades democráticas. La Constitución y las leyes son pródigas en la protección de los derechos humanos y políticos, pero, con demasiada frecuencia, la DIS se ha apartado de esos lineamientos.
El Partido Acción Ciudadana (PAC), como también este periódico, sugirieron en más de una oportunidad prescindir del cuerpo de inteligencia, muchas veces confundido con una Policía política. La DIS funciona a las órdenes del Ministerio de la Presidencia, sin la supervisión legislativa aplicada a los cuerpos de inteligencia en otras naciones democráticas. Opera en secreto y muchos de sus agentes no tienen el compromiso de la dedicación exclusiva.
Tampoco tiene limitaciones para actuar en territorio nacional y, en consecuencia, espía a ciudadanos costarricenses sin cuentas con la justicia. Periodistas, sindicalistas y políticos de todas las tendencias se cuentan entre los investigados, sin más motivo que la sospecha. En suma, la institución ha probado ser una amenaza para las libertades públicas y los derechos fundamentales.
Para paliar los escándalos y evitar el cierre, el Poder Ejecutivo, en varias Administraciones, ofrece, una y otra vez, la reforma integral de la agencia para restringir sus labores a la recopilación de inteligencia legítima, obtenida con estricto apego a la ley y útil para la preservación de la seguridad nacional.
Llegado al poder, el PAC abandona su posición tradicional y se suma a la lista de proponentes de reformas, pero el primer esbozo del cambio es confuso y preocupante. “Un ciudadano de bien no tiene absolutamente ningún motivo por el cual temerle a la DIS. El que ande en malos pasos, tiene todos los motivos del mundo para temerle a la DIS”, declaró Mariano Figueres Olsen, nuevo jefe de la agencia, quien la concibe como un instrumento para erradicar la corrupción.
Pero Costa Rica cuenta con policías judiciales y administrativas para enfrentar el delito y son los tribunales los encargados de determinar quiénes andan “en malos pasos”. Esos cuerpos policiales funcionan mediante agentes profesionales, sometidos a la ley en sus actuaciones y supervisados por los despachos correspondientes. La Policía del Ministerio de la Presidencia, no importa quien gobierne, no ofrece las mismas garantías.
Frente a esa realidad, Figueres promete: “No vamos a usar a la DIS para sacarnos clavos entre un Gobierno y otro, entre un partido y otro. Queremos que eso nunca se vuelva a dar”, y añade: “la DIS no es una Policía represiva que detenga a nadie, la DIS es un cuerpo de investigación, de inteligencia del Estado. Nosotros no podemos hacer ninguna escucha, no podemos hacer nada que no sea por orden de un juez. No vamos a hacer absolutamente nada de persecución, no vamos a hacer cacería de brujas, pero sí vamos a ayudar para que en el país haya justicia”.
Esa es, precisamente, la tarea encomendada a la Corte Suprema de Justicia, al Organismo de Investigación Judicial y, en materia de prevención, a la Fuerza Pública. El papel de la DIS en procura de “justicia” no queda claro ni justifica la existencia de la institución, habiendo otras encargadas del mismo fin en un marco legal mucho más elaborado y seguro.
Las labores de inteligencia y resguardo de la seguridad nacional, si el Gobierno las considerara indispensables, no guardan relación alguna con el propósito de “erradicar la corrupción”, “hacer justicia” o identificar a quienes “andan en malos pasos”. Para justificar la intervención de la DIS en esos ámbitos haría falta una definición demasiado amplia de “inteligencia” y “seguridad nacional”. Esa definición colocaría a la DIS al margen de la ley.
El Gobierno promete elaborar un proyecto de ley para aclarar las funciones de la DIS como agencia recolectora de información. Ojalá que el texto aclare las confusas y contradictorias manifestaciones iniciales.
La promesa de plantearlo es, por ese motivo, una tarea urgente.
