Opinión

EDITORIAL

Confianza en la Fuerza Pública

Actualizado el 14 de marzo de 2013 a las 12:00 am

La Policía es depositaria de una autoridad conferida por la sociedad a partir de la confianza

Es preciso cuestionar si, cuando se trate de la Policía, los mecanismos de destitución, aunque sea con responsabilidad patronal, deben ser más expeditos

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Siete policías fueron absueltos de participar, con siete presuntos cómplices, en asaltos, venta de drogas, robo en viviendas y protección de delincuentes. En consecuencia, serán restituidos en sus cargos de autoridad. El fallo merece el respeto debido a los tribunales en un régimen democrático, pero sus consecuencias últimas dejan mucho que desear.

El proceso penal no está diseñado para acreditar la inocencia, que se presume por mandato constitucional. Más bien exige la acreditación de la responsabilidad del imputado sin lugar a duda. En algún caso, los jueces pueden llegar a convencerse de la inocencia del acusado, pero eso no es necesario para absolverlo.

Ni siquiera la certeza de culpabilidad brinda fundamento a la condena cuando el juez constata la violación de las garantías básicas del imputado. El caso típico es el de la prueba mal recabada. El sentido común puede apuntar a la culpabilidad, pero el juez está obligado a exigir que sea acreditada con observancia de las reglas consagradas por el ordenamiento jurídico.

La sentencia absolutoria no certifica la inocencia, y la presunción establecida en la Constitución Política es de carácter abstracto. Existe como núcleo central de un conjunto de importantes garantías que asisten al individuo frente al ejercicio del poder punitivo del Estado.

El Ministerio Público no logró probar la culpabilidad y los policías fueron absueltos, de eso no hay duda. La pregunta es si deben permanecer en el cargo. Celso Gamboa, viceministro de Seguridad Pública, anuncia la apertura de un procedimiento para decidir si se les despide con responsabilidad patronal, o sin ella, porque “hay una pérdida subjetiva de confianza”.

La Policía es depositaria de una autoridad conferida por la sociedad a partir, precisamente, de la confianza. Mal utilizada, la autoridad se vuelve contra la ciudadanía y encierra la posibilidad de graves atropellos.

La asistencia de la Fuerza Pública es casi siempre requerida cuando el ciudadano se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. Con frecuencia es necesario permitir su acceso a los reductos más íntimos, como el hogar, u obedecer sus indicaciones en sitios apartados y solitarios, como las carreteras.

La confianza también es un elemento indispensable para estimular la colaboración de la ciudadanía con las fuerzas policiales. En ausencia de esa relación, la labor de la Fuerza Pública pierde eficacia. En el caso de Policía, la pérdida de confianza elimina un supuesto esencial de la función y de la autoridad que reviste.

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Son buenas razones para cuestionar si, cuando se trate de los guardianes del orden, los mecanismos de destitución, aunque sea con responsabilidad patronal, deben ser más expeditos que en el resto de la Administración Pública, donde el proceso puede tardar años, a menudo con el funcionario alejado de sus ocupaciones por una suspensión con goce de salario.

La naturaleza de la función policial la distingue de los demás cargos de la Administración Pública. Esa distinción debería permitir un trato diferenciado cuando surjan motivos para promover la destitución, siempre con respeto a los derechos laborales. En ese sentido, la condición de la Policía sería semejante a la de los empleados del sector privado, donde labora la mayor parte de la población nacional.

La idea invita a invocar las razones de la especial protección concedida al funcionario público frente al despido. La historia mantiene el registro de viejas prácticas de persecución y favoritismo político cuyo influjo imposibilitaba el desarrollo de una administración profesional y vulneraba derechos básicos de los empleados estatales. Eliminar parte de esa protección puede dar lugar a excesos; sin embargo, el riesgo es menor que el de incubar conductas peligrosas en la Fuerza Pública.

En el primer caso, el riesgo corre por cuenta de unos 15.000 funcionarios y sus consecuencias más graves son de índole laboral. En el segundo, el riesgo es para toda la ciudadanía y sus consecuencias pueden repercutir sobre los bienes más preciados, incluidas la integridad física y la vida.

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