Según datos del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), la productividad de Caldera creció un 53,8% entre el 2013 y el 2015. En el mismo periodo, los tiempos de espera pasaron de 160 a 20 horas para los buques graneleros (una mejoría del 87,5%) y de 26 a 13 horas para los portacontenedores (mejoría del 50%).
Los tiempos de espera implican importantes costos para los importadores y exportadores. Afectan los precios en el mercado interno y reducen las ganancias de las ventas al exterior, cuando no la competitividad de las empresas nacionales orientadas hacia la colocación de productos en el extranjero. Ese costo puede llegar a $30.000 al día y se añade a todo tipo de mercadería, incluidos los 2,5 millones de toneladas de cereales trasegados anualmente por Caldera.
Una mala operación portuaria afecta al consumidor local tanto como a las empresas y, al afectar a estas últimas, incide sobre el empleo. Un puerto eficiente es buen negocio para todos. Nuestra operación portuaria del Pacífico está hoy a considerable distancia de donde estuvo y sigue avanzando. Además, provee importantes fondos para el desarrollo de las comunidades circundantes. El Incop recibe $1,2 millones anuales en cánones pagados por la concesionaria.
El cambio es dramático y no por coincidencia se inició a partir de la concesión del puerto. Según el Incop, las inversiones recientes en infraestructura y maquinaria portuaria especializada ascienden a ¢6.500 millones y han tenido un impacto mayúsculo sobre la productividad, en un país donde los recursos públicos para financiar avances de esa naturaleza siempre son escasos.
Si el desarrollo no ha sido mayor, es porque una parte esencial del plan de mejoramiento, la terminal granelera, estuvo frenada durante años. Una acción interpuesta ante la Sala Constitucional por los sindicatos del sector público impidió la construcción. Los magistrados tardaron en resolver la acción y cuando por fin rechazaron la argumentación de los recurrentes, el costo previsto había subido y fue necesario emprender nuevas negociaciones.
Ahora, la terminal multipropósito tiene un año de operar, siempre bajo la modalidad de concesión a las empresas Sociedad Portuaria de Caldera, Sociedad Portuaria Granelera de Caldera y SAAM de Costa Rica. A esas instalaciones se les atribuye buena parte de los avances en productividad, pero los resultados pudieron haberse logrado desde hace años y nunca sabremos cuánto más se habría avanzado a esta fecha si el planteamiento inicial se hubiera ejecutado en el momento oportuno.
El puerto ya cumple los principales estándares internacionales de seguridad establecidos por el Código Internacional para la Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias de la Organización Marítima Internacional (OIM). La certificación de cumplimiento distingue a la terminal costarricense de otras en la región. Cada vez más, las instalaciones puntarenenses logran ganar competitividad frente a las existentes en naciones vecinas.
Pero siguen frescos en la memoria los esfuerzos desplegados para impedir la concesión, porque la acción interpuesta contra la terminal granelera fue apenas el último capítulo de varios precedentes. Los anuncios de graves males, que nunca se materializaron, fueron constantes, así como las protestas. Pero la concesión ha dado estupendos resultados y demuestra la posibilidad de utilizar tan valioso recurso para desarrollar la infraestructura necesaria pese a los limitados recursos destinados a la inversión pública.
El país debe invertir $2.400 millones al año para enfrentar sus necesidades de infraestructura, pero el Conavi apenas cuenta con una fracción de esa suma. Costa Rica arriesga graves retrasos en su desarrollo si no abre la mente a otros medios disponibles para lograrlo.