EscucharLas 4.442 juntas de educación existen para mantener el ojo puesto sobre necesidades específicas de las comunidades donde operan, y para crear saludables vínculos entre los usuarios y los centros educativos. El sistema funciona con un importante aporte estatal (¢165.962 millones en el 2013) destinado a pagar el costo de los comedores escolares, los gastos de operación y el mantenimiento de la infraestructura.
Unos 22.000 miembros de las juntas trabajan como voluntarios, sin compensación alguna, pero el sistema requiere supervisión. La Administración pasada lo comprendió a tenor de los informes rendidos por la Contraloría General de la República y la auditoría del Ministerio de Educación Pública (MEP).
En consecuencia, el ministro, Leonardo Garnier, propuso un nuevo reglamento, encaminado a uniformar criterios de fiscalización y fortalecer la presencia del MEP, disminuida cuando las municipalidades se apartan de las ternas propuestas por el Gobierno para integrar las juntas.
Una vez nombrados los integrantes por los gobiernos locales, al MEP se le dificultaba removerlos por ineficacia o incumplimiento de sus deberes. No existían, al efecto, procedimientos bien definidos. Quizá por eso, el Ministerio no recibe puntualmente los informes de gestión. En algunos casos, la rendición de cuentas se hace cada tres meses y, en otros, dos veces al año o cuando las juntas deciden. Muchas no informan del todo.
La iniciativa del Ministerio rápidamente chocó con las pretensiones de las municipalidades, deseosas de mantener su influencia sobre la administración de los centros de estudio, pero la dispersión, la ausencia de criterios uniformes y la indefinición de las responsabilidades difícilmente tendrán solución mientras no se fortalezca la supervisión centralizada del MEP, sin perjuicio de la adecuada participación comunal.
Un paso en la dirección correcta sería la adopción de un sistema electrónico de compras para mejorar la transparencia, invitar a mayor número de proveedores y procurar rebajas en los precios. La aplicación de la tecnología ya arroja esos resultados en las instituciones donde se practica, incluyendo algunas municipalidades, pero solo una de las 4.442 juntas de educación gestiona sus compras por Internet, aunque el reglamento promovido por Garnier las facultó a todas para hacerlo.
Si las compras digitales se generalizaran, el MEP incrementaría sus capacidades de supervisión de manera instantánea, sin renunciar a los necesarios ajustes del reglamento. Los propios proveedores, estimulados por la competencia, se convertirían en fiscales de la buena inversión de los recursos girados a las juntas. El Ministerio, por su parte, podría mantener la mirada puesta sobre la corrección de las adquisiciones en todo el país.
La adopción de las compras digitalizadas encontrará resistencia en muchas juntas y municipalidades, como ocurre en otras áreas de la burocracia estatal. También existe la necesidad de capacitar a las juntas para aplicar el sistema electrónico, pero el Gobierno está llamado a remover el principal obstáculo: la indefinición del sistema a aplicar.
Hay dos candidatos: el Mer-Link, adoptado por varias instituciones, incluido el Instituto Costarricense de Electricidad, y CompraRed, utilizado por el Ministerio de Hacienda. El año pasado, luego de muchos análisis, la presidenta, Laura Chinchilla, decretó la adopción de Mer-Link como sistema único, pero el actual ministro de Hacienda, el vicepresidente Helio Fallas, pidió nuevos informes para decidir si habrá un sistema único y, si lo hubiera, cuál de los programas existentes será aplicado.
La decisión urge no solo para las juntas de educación, sino también para el resto de las instituciones públicas. El debate se ha hecho eterno y, mientras tanto, un río de recursos públicos se gasta con menos transparencia y eficacia de la que está a nuestro alcance gracias a las nuevas tecnologías.
