La presidenta Laura Chinchilla quiere conocer la verdadera situación financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social. Para asegurar la transparencia de los números, ideó la creación de una comisión de notables, integrada por personalidades de diversas orientaciones políticas, todas reconocidas por sus atestados técnicos. La propuesta fracasó en la junta directiva de la institución, cuyos integrantes aceptaron la idea y luego la modificaron para vaciarla de su sentido original.
La objetividad deseada por la mandataria y necesaria para la institución y el país, tropieza con la mentalidad imperante en la Caja, que privilegia la representación gremial. Inconcebible para los directores integrar la comisión con técnicos no contaminados por intereses sectoriales. Apenas llegada la propuesta a las oficinas de la institución, surgieron objeciones a los nombres sugeridos y también los reclamos de participación. Los sindicatos exigen un lugar en la comisión y, si ellos lo obtienen, los grupos empresariales no tienen por qué quedarse afuera.
Integrado de esa forma, el grupo pierde el carácter ideado en buena hora por la Presidenta y se convierte en un círculo de debates donde cada sector pugnará por presentar los resultados desde una óptica en particular. Uno de los expertos propuestos inicialmente ya renunció a participar del ejercicio, por respeto a los propósitos originales de la mandataria. Se trata del exministro de Comercio Exterior Alberto Trejos, quien hizo públicas sus razones en una carta publicada el jueves, en esta sección.
La Presidenta también objetó públicamente el descarrilamiento de su iniciativa porque esperaba la integración de la comisión con “personas de nivel técnico y no gremial”. Luego de esas declaraciones, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) anunció su decisión de no participar y decidió retirar a su nominado, Rafael Carrillo Lara. Es una decisión tardía porque ya Uccaep había caído en el juego del gremialismo, a cuyo tenor los sindicatos proponen la participación de Mario Devandas Brenes.
No habría motivo para objetar a Carrillo o Devandas si el propósito fuera otro, pero el legítimo interés de la Presidenta, planteado con ánimo de entera transparencia, no queda bien servido si la comisión se convierte en un campo de batalla gremial o se ve obligada a ofrecer conclusiones “negociadas”. La idea de la mandataria y el derecho de los asegurados es conocer las cifras y proyecciones sin intermediación de partes interesadas.
Una vez conocido el informe, en el plazo de dos meses después de instalada la comisión, los sectores interesados habrían quedado en libertad de criticarlo, interpretarlo o refutarlo, pero existiría un punto de partida objetivo para la discusión. Hoy solo existe la información brindada por la Caja y sus explicaciones de los cada vez más frecuentes tropiezos económicos, incluido el atraso en el pago a los proveedores y las preocupantes señales de alarma en el régimen de pensiones.
Los empresarios y sindicalistas, tan interesados en participar en la comisión, ya están representados en la junta directiva de la Caja, de donde manan las explicaciones e informaciones conocidas hasta ahora. Es difícil comprender que les estorbe un análisis externo y objetivo, pero es fácil entender por qué la propuesta de la Presidenta encontró escollos gremialistas en el cuerpo director. Esa es, precisamente, la mejor razón para insistir en el nombramiento de una comisión integrada de conformidad con los criterios de la Presidenta.
La mandataria propuso los nombres de la economista y exdiputada liberacionista Silvia Charpentier, el demógrafo del programa Estado de la Nación Arodys Robles y el exministro Trejos, de reconocida militancia en tiendas de la oposición. Los tres son técnicos experimentados y su diversidad de pensamiento es garantía adicional del buen cauce de la misión encomendada.
El país y su Presidenta tienen derecho a un análisis de esa naturaleza y la junta directiva hace mal en negárselo. El martes, la Caja informó que replanteará la comisión en la próxima sesión de junta directiva, en vista de la renuncia de Trejos y Carrillo. Contradictoriamente, enfatizó su interés en obtener un análisis externo e imparcial de la situación financiera real.
Ojalá el replanteamiento de la comisión vaya, realmente, en ese sentido.