Opinión

EDITORIAL

Combustible barato y limpio

Actualizado el 07 de septiembre de 2012 a las 12:00 am

La conversión de dos plantas de generación con búnker permitiría alcanzar el volumen necesario para justificar el transporte del gas natural hasta nuestras costas

El precio del gas natural no es solo menor, sino también más estable pues no tiene vinculación directa con el del petróleo

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El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tiene en sus manos la posibilidad de reducir la emisión de gases de efecto invernadero mediante el uso de un combustible más eficiente y barato. Bastaría convertir las plantas de generación eléctrica instaladas en Garabito y Moín para operarlas con LNG ( liquified natural gas ) en lugar de búnker.

El precio del gas natural no es solo menor, sino también más estable, pues no tiene vinculación directa con el del petróleo. El suministro es, además, mucho más confiable. El descubrimiento de enormes reservas en Estados Unidos y Canadá, entre otros países del continente americano, acerca las fuentes de abastecimiento al territorio nacional y las pone a salvo de la convulsión política del Medio Oriente y otras regiones productoras de combustible fósil.

La decisión no debería ser difícil, porque la inversión requerida para transformar las plantas se paga en tan solo 18 meses, según el estudio contratado por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) con la firma canadiense Lavalin, de reconocido prestigio internacional.

La planta de Garabito, instalada en Montes de Oro, Puntarenas, produce 200 megavatios necesarios para contribuir a garantizar la satisfacción de la demanda nacional, pero el precio del combustible y el costo ecológico son altos. La planta quema 122 millones de litros de combustible fósil al año y emite 1.000 kilos de dióxido de carbono por megavatio-hora.

El país cuenta con fuentes de energía mucho más limpias y no debe cejar en el esfuerzo de explotarlas. La energía geotérmica y geomagmática contiene un potencial de al menos 1.000 megavatios, suficientes para sustituir, con amplia ventaja, la generación térmica actual. Por otra parte, los 200 megavatios de Garabito son poco más de los 180 que el sector privado está dispuesto a producir en el corto plazo con fuentes más limpias y baratas. Son soluciones sensatas, pero dependen de la voluntad política de la Asamblea Legislativa y, después, de la inversión y el desarrollo.

Mientras tanto, el país necesita capacidad de generación suficiente para sustituir a las plantas hidroeléctricas cuando los caprichos del clima, cada vez más frecuentes a consecuencia del efecto invernadero, impidan llenar a plenitud los embalses. Garabito y Moín son un mal necesario, pero podrían ser mucho menos malas.

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La conversión de las dos plantas permitiría alcanzar el volumen de importación necesario para justificar el transporte del gas natural hasta nuestras costas. En consecuencia, el producto estaría disponible en el mercado para movilizar, también, a los vehículos de servicio público y privado.

El Gobierno adelanta planes para sustituir 4.000 autobuses y 12.000 taxis por vehículos de combustible alternativo, incluyendo el gas y la electricidad. Por lo pronto, los vehículos incorporados a los planes piloto utilizan liquified petroleum gas (LPG) y ya demostraron su rentabilidad para los transportistas y su capacidad de reducir las emisiones en al menos un 30%. Además, su operación es más silenciosa y contribuye así a mejorar el ambiente urbano. Si en lugar del LPG utilizaran LNG, los beneficios serían todavía mayores.

Todo depende del ICE. La inversión hecha en Garabito es grande y no es fácil informar al país de la necesidad de un gasto adicional cuando la planta apenas comienza a generar electricidad. Habría sido mejor pensar en eso cuando se construyeron las facilidades puntarenenses, pero las ventajas ofrecidas por el nuevo combustible justifican el cambio.

El ICE, Recope y el Poder Ejecutivo deben alinearse para dotar al país de una política energética orientada a la eficiencia y la protección del ambiente, sin dejar de insistir en la acción legislativa necesaria para abrir otras posibilidades de explotación de energía nacional para beneficio de las actuales y futuras generaciones.

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