Opinión

EDITORIAL

Coincidencia contra el referéndum

Actualizado el 11 de septiembre de 2012 a las 12:00 am

Una amplia gama de sindicatos y partidos políticos rechaza la propuesta de consulta popular sobre la CCSS

La coincidencia de tantos sectores, tan disímiles, subraya las falencias del proyecto impulsado por el exlegislador Walter Muñoz

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Seis fracciones legislativas y elFrente Nacional en Defensa y Fortalecimiento de la Seguridad Social, integrado por once organizaciones sindicales, se manifiestan contra la propuesta de referéndum para reformar la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre otras medidas supuestamente diseñadas para “sacar a la política” de la institución.

El referéndum, impulsado por una asociación privada a cuya cabeza figura el exdiputado Walter Muñoz, un político con años de vida pública, fue denunciado por los sindicatos como una “trampa” apta para agravar los problemas de la institución. Las once organizaciones se pronuncian por eliminar la Presidencia Ejecutiva con el objeto de poner fin a la “intromisión” del Poder Ejecutivo, pero consideran inconveniente eliminar por completo la participación del Gobierno. En especial, rechazan la sustitución de los tres representantes del Ejecutivo por tres miembros de la asociación privada presidida por el exlegislador, pues eso sería “peligroso y antidemocrático”. Semejante reforma entregaría una amplia cuota de poder a la entidad privada que no “puede arrogarse la representación de la totalidad de los/as asegurados/as”, dicen las organizaciones gremiales.

Entre los grupos participantes en elFrente Nacional en Defensa y Fortalecimiento de la Seguridad Social están la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca), la Confederación General de Trabajadores (CGT), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y el Sindicato de Profesionales de Ciencias Médicas de la Caja (Siprocimeca).

El comunicado abunda en críticas a las pretensiones de los promotores del referéndum y solicita al exlegislador Muñoz suspender el trámite mientras se aclara el tema de una asesoría que le fue contratada durante la presidencia ejecutiva de Eliseo Vargas. Supuestamente, Muñoz recibió el pago, pero no ejerció la función. Además, las organizaciones sindicales hacen un llamado a la población para que “no brinde ningún tipo de apoyo” al referéndum.

En la Asamblea Legislativa, el anuncio del referéndum tuvo similar impacto aglutinador. Los partidos Acción Ciudadana, Liberación Nacional, Unidad Socialcristiana, Movimiento Libertario, Frente Amplio y Accesibilidad sin Exclusión se unieron en una sola voz para denunciar la iniciativa.

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Los integrantes de la comisión legislativa establecida para estudiar la crisis de la Caja rechazan la iniciativa, denuncian sus errores y, “sin distingo de partido político”, manifiestan su oposición al planteamiento porque, “en la realidad, resulta contrario a los principios de participación y democracia, que falazmente dicen que propicia”.

Este diario, en su editorial del 22 de agosto, se adelantó a manifestarse en contra del referéndum y sus propósitos.

No comparte con las organizaciones sindicales la idea de eliminar la Presidencia Ejecutiva, pero ese es otro debate. Por lo pronto, la coincidencia de tantos sectores, tan disímiles, subraya las falencias del proyecto.

El peligro está en el fértil terreno para la promesa fácil, como la eliminación de las filas en clínicas y hospitales o la participación ciudadana en la solución de los problemas de la Caja. La recolección de firmas, allí donde los asegurados sienten el peso de esos problemas, estimula la suscripción espontánea e inopinada. Según los impulsores del referéndum, en poco tiempo han logrado recolectar la mitad de las 150.000 firmas necesarias para convocar la consulta popular. De aquí a mayo, fecha límite para completar el pliego, bien podrían conseguir la totalidad.

Lograr la participación suficiente en el referéndum y obtener una mayoría para el “sí” con la oposición de tantos sectores es otra historia, pero el caso demuestra los espacios abiertos a la demagogia por los mecanismos de consulta popular, cuya aplicación debería ser más rigurosa.

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