Los “derechos de los trabajadores” figuran, invariablemente, en el discurso de ciertos sectores de la dirigencia sindical de los puertos limonenses. Hay en la frase una falacia, ofensiva para la inmensa mayoría de trabajadores costarricenses. Los derechos a que se refieren los dirigentes son, exclusivamente, de los trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva). Nadie más los disfruta y responden a una legislación específica, discriminatoria y abusiva, desarrollada a lo largo de años en convenciones colectivas firmadas, casi siempre, bajo peligro de huelga en un sector sensible para la economía del país.
En Japdeva ya no rige el Código de Trabajo vigente para la inmensa mayoría de costarricenses. Las convenciones colectivas portuarias se basan en el Código, pero en su estado actual lo desnaturalizan, incorporando beneficios cuya extensión al resto de los trabajadores es, sencillamente, imposible. Se trata, entonces, no de derechos sino de verdaderos privilegios.
Al amparo de las convenciones colectivas, los capítulos del Código de Trabajo referidos al descanso, las incapacidades, las prestaciones y muchas otras materias no se aplican a los trabajadores portuarios y solo existen para los demás mortales. La Sala Constitucional se ha visto obligada a poner coto a algunos excesos, pero muchos subsisten, como el injusto régimen de incapacidades descrito el lunes por La Nación.
Los trabajadores de Japdeva, a diferencia de los demás costarricenses, tienen garantizados sus ingresos totales en caso de una incapacidad. Como a todos, la Caja Costarricense de Seguro Social les paga alrededor del 60% del salario durante la enfermedad, pero a diferencia del resto, Japdeva está obligada a cancelarles la suma complementaria, hasta alcanzar la totalidad. En consecuencia, los ingresos netos de los incapacitados más bien mejoran porque, en palabras de Allan Hidalgo, presidente de Japdeva, “ni siquiera las cuotas del Fondo de Mutualidad se les puede cobrar” en esos períodos.
Hidalgo también sospecha que algunos trabajadores incapacitados aprovechan para incrementar sus ingresos, desempeñándose en otras labores. Un mensaje enviado a los trabajadores la semana pasada recoge esa preocupación y advierte sobre la posibilidad de sanciones.
El diseño del régimen especial implica un perverso incentivo para incurrir en estas y otras anomalías. El beneficio de incapacidad, aunque las sospechas del Presidente Ejecutivo fueran infundadas, es mucho más atractivo para los empleados de Japdeva que para el resto de los mortales a cuyo cargo queda, en última instancia, el financiamiento de ese y otros privilegios.
Japdeva, como entidad pública, cubre sus gastos con recursos pertenecientes a la ciudadanía y en eso reside la mayor iniquidad de la defensa de los “derechos” de esos trabajadores por la dirigencia sindical. Los demás trabajadores costarricenses están condenados a pagar los excesos que ellos mismos nunca podrán disfrutar.
Las anomalías que animan las sospechas del Presidente Ejecutivo son un abuso dentro del abuso, pero su sola mención provoca reacciones airadas de la dirigencia sindical.
“Me parece que los días de don Allan Hidalgo están contados en Japdeva. Yo voy a defender a los trabajadores. No voy a permitir que se esté ensuciando el nombre de los trabajadores”, dice Ronaldo Blear, secretario general del sindicato.
Esa prepotencia, capaz de declarar contados los días del Presidente Ejecutivo en su cargo, es la misma ejercida en el curso de las negociaciones de la convención colectiva para arrancarle a la Administración concesiones cada vez más exageradas e irracionales. Así se explica la vigencia de un código distinto en los muelles del Caribe.
La pregunta es si todavía a estas alturas el alarde del sindicalista va a producir los efectos por él deseados. El país ya da muestras de estar cansado.
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