EscucharEl Gobierno cancela con bonos sus cuotas obrero-patronales. El arreglo es desventajoso para la Caja Costarricense de Seguro Social, necesitada de recursos contantes y sonantes, pero no puede ser acusado de falta de realismo. El Estado es incapaz de cancelar de otra manera la deuda de ¢78.000 millones acumulada a lo largo de los últimos años. Los pagos anuales se harán hasta el 2020, de conformidad con un convenio firmado en agosto del 2007.
Ni el plazo ni la forma de pago son del todo satisfactorios, mas el exministro de Hacienda Guillermo Zúñiga y el expresidente ejecutivo de la Caja Eduardo Doryan, agravaron en mucho la situación cuando acordaron excluir del convenio el cobro de intereses sobre el principal. En resumen, la Caja cobrará a plazos, en instrumentos estatales –no en efectivo– y asumirá las consecuencias erosivas de la inflación y la devaluación.
Consultado por los integrantes de la comisión legislativa constituida para estudiar la crisis de la seguridad social, el gerente financiero, Iván Guardia Rodríguez, atribuyó la decisión al “nivel político” de ese entonces. Los técnicos, como él, en aquella época director financiero contable, se limitaron a conciliar la deuda, establecer el monto a pagar y, posteriormente, no se les “consideró para tomar la decisión” sobre los intereses.
Las instancias políticas existen para tomar decisiones, pero con ellas asumen responsabilidad y, en este caso, no puede ser más obvia la necesidad de ofrecer explicaciones. Desafortunadamente, el ex- presidente ejecutivo Eduardo Doryan no pudo ser localizado para comentar el caso. Es de esperar que lo haga en el futuro cercano.
La gestión de Doryan durante el Gobierno del expresidente Óscar Arias es blanco de fuertes y bien fundadas críticas. El funcionario salió de la Caja para ocupar la presidencia ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad a solicitud de la presidenta Laura Chinchilla. Renunció poco después de publicado el gravísimo informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre el estado financiero de la institución aseguradora. Poco se ha sabido de él desde entonces.
Buena parte de la crisis financiera de la Caja se debe al desproporcionado aumento del gasto en salarios, un 88% entre el 2005 y el 2010. Durante la mayor parte de ese período, el Ing. Doryan tuvo a cargo el gobierno de la institución. A su vez, buena parte del aumento en el rubro salarial se debe a la creación de 10.956 nuevas plazas en el mismo período.
Hubo un mal cálculo y demasiada buena voluntad ante los reclamos salariales y exigencias de incrementar la planilla. Parte del periodo de Doryan en la Caja coincidió con la bonanza económica y fiscal. El Gobierno manejaba superávit y había heredado de la administración Pacheco una buena posición financiera. El desempleo era bajo y alta la afiliación al Seguro Social. Cuando llegó la crisis del 2008, poco faltaba para concluir la administración Arias y había oportunidad de sortear el momento con los recursos disponibles. Sin embargo, esas no son razones para comprometer el futuro con el incremento de gastos permanentes, como los salarios.
Tampoco es posible alegar desconocimiento de las consecuencias que se estaban gestando. En el 2010, el entonces directivo Pablo Sauma advirtió sobre la vulnerabilidad financiera del seguro de salud y la necesidad de manejar las remuneraciones “con muchísima cautela”. Doryan dijo haber confeccionado un presupuesto “prudente” para ese año, pero admitió que descansaba sobre la expectativa de mejoras en los ingresos por cuotas y el arreglo de pago con el Estado.
Lo primero no ocurrió, y la gerencia financiera calcula en ¢300.000 millones la pérdida por caída del empleo, solo en los dos años previos (2008 y 2009).
El segundo pilar del prudente presupuesto era el convenio firmado para cobrar las deudas del Estado, pero, ahora sabemos, no podía tomar en cuenta la cancelación de intereses a los cuales la Caja renunció.
