La intención de incorporar criterios de calidad a la fórmula de fijación de tarifas del transporte público surgió hace un par de décadas. Costosas consultorías e intensos debates no han conseguido, hasta ahora, la adopción de una medida tan lógica y justa. En abril, la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público (CTP) por fin aprobó el Modelo para la Evaluación y Calificación de la Calidad del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas y lo legó a la actual Administración, junto con la tarea de ponerlo en práctica.
Los nuevos responsables del sector no deben ceder un palmo de terreno. El modelo exige a los empresarios demostrar condiciones mínimas de calidad a la hora de pedir ajustes tarifarios. No son requisitos imposibles de cumplir y debieron ser, desde siempre, indispensables para la prestación de tan importante y lucrativo servicio.
La periodicidad y duración de los viajes, el cumplimiento de las normas de control de la contaminación, la comodidad, la seguridad, el buen trato y la facilidad de acceso a los autobuses no deberían ser objeto de debate a estas alturas. Pero lo son, como lo han sido a lo largo de dos décadas. Es hora de poner fin a la discusión y brindar al público un mínimo de calidad debidamente preestablecido.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) enviará peritos una vez al año para revisar a los concesionarios y permisionarios. Utilizarán trece formularios técnicos para producir evaluaciones sin cuya existencia la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) no podrá hacer ajustes.
Alfredo Villalobos, presidente de la Cámara Nacional de Autobuseros, acepta la conveniencia de la medida, pero la acusa de quedar corta porque quisiera ver la incorporación de factores como el estado de las vías, los carriles exclusivos para autobuses y la lentitud de los trámites en el CTP. En el mismo sentido se manifiesta Maritza Hernández, presidenta de la Cámara Nacional de Transportes.
Los reclamos de las cámaras son justos, pero el control de la calidad del servicio no puede depender de su satisfacción. La evaluación debe darse en el marco de las condiciones existentes, sin pretensiones irreales o exageradas, pero sin más dilaciones o excusas.
Érick Ulate, de la organización Consumidores de Costa Rica, se muestra pesimista con buenas razones basadas en la historia de tantos años. Duda de la capacidad del CTP, al cual acusa de ineficiente y carente del personal necesario para ejecutar las inspecciones. A eso podríamos añadir el prolongado lapso entre revisiones. No se trata de lograr la satisfacción de los requisitos durante los periodos de evaluación, sino de conseguir una calidad constante.
Con todo, la adopción del modelo es un paso en la dirección correcta y los esfuerzos que se hagan para ponerlo en práctica merecen el apoyo del Ministerio.
Los procedimientos deben ser transparentes y los resultados, públicos. Los usuarios tienen derecho a constatar si la realidad del servicio contrasta con la evaluación técnica. El sistema fue programado para entrar en vigencia seis meses después de su aprobación. El nuevo Gobierno dice estar dedicado a revisar lo hecho por su antecesor, pero se declara comprometido con la idea de supervisar la calidad del servicio.
El momento es propicio ahora que el MOPT analiza la renovación de 140 concesiones en las postrimerías de la Administración pasada, sin verificación de la calidad. La Aresep pretendía una evaluación antes de renovar las concesiones, pero la Procuraduría determinó que los estudios solo son necesarios para las nuevas concesiones, no para renovar las vigentes.
Esa es razón de más para establecer un sistema de inspección capaz de garantizar a los usuarios el servicio merecido.
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