Concluyó la intervención en la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, pero los cotizantes no conoceremos el informe final de la interventora Dinorah Garro “por razones procesales”. Los datos “no se pueden hacer públicos en este momento”, dijo la presidenta ejecutiva, Ileana Balmaceda, pero no especificó cuándo estarán a disposición de quienes pagan la fiesta.
Sobre el estado financiero del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, mejor ni hablar. No hay hallazgos de la interventora en esa materia porque “ese tema no se encontraba entre los elementos a evaluar”. Es el problema más importante y sobre él pende la duda avivada por la polémica entre la Caja y la Superintendencia de Pensiones (Supen), pero la institución aseguradora parece haber dado el debate por terminado.
Según la Caja, la salud financiera del régimen está asegurada hasta el 2038, pero la Supen expresa importantes dudas y denuncia falta de transparencia y la interposición de obstáculos para conseguir los datos necesarios.
A cada paso, la Caja refuerza esa impresión, mostrando una extraña afición al secretismo. La experiencia reciente abona la desconfianza. El país ha sido testigo, una y otra vez, de la propensión a negar o callar los problemas hasta el momento de crisis.
La actitud es evidente en los grandes temas institucionales, como las pensiones y la situación financiera en general, pero no deja de manifestarse en relación con problemas más puntuales, como los quirófanos del Hospital San Juan de Dios.
Los médicos de ese hospital venían advirtiendo sobre el problema, pero la Caja no les puso atención. Los profesionales decidieron, entonces, negarse a hacer cirugías programadas. La Caja restó importancia a las quejas y acusó a los galenos de lesionar “el principio de continuidad de los servicios”.
La institución quedó atrapada sin esperanza de escape cuando el Ministerio de Salud ordenó la clausura de 15 salas de operación, dando la razón a los médicos en la forma más dramática imaginable. Solo así se consiguió que la Caja admitiera tener conocimiento de la situación desde el 2007 y prometiera una “pronta” solución en el marco de los proyectos de rehabilitación del hospital.
Si la extrema reserva de la Caja se manifiesta así en casos puntuales, como los quirófanos del San Juan, su gravitación sobre los grandes temas institucionales resulta todavía más alarmante. Hace poco, el país supo de las dificultades financieras en el área de salud. Hasta ese momento de alarma, poco se conoció del incremento de un 88% en el costo de la planilla, en solo cinco años.
Fueron años de bonanza económica y de expansión del número de cotizantes. Quizá, por eso, la planilla de la Gerencia de Pensiones también creció de manera desordenada, al punto de figurar entre los factores empleados para justificar la intervención. Pero esa medida tampoco se produjo en homenaje a la transparencia, sino como respuesta a la presión surgida de denuncias periodísticas, sindicales, legislativas y de la propia Auditoría de la institución.
Durante todo el debate previo a la intervención, la Caja se esmeró en negar cualquier desvío de la normalidad. El uso parcial de los rendimientos del fondo para pagar gastos ordinarios –como los aguinaldos–, la celebración de conversaciones encaminadas a invertir el fondo en el extranjero y el aumento injustificado de la planilla, fueron puntos relevantes del debate, en cuyo curso hubo incidentes de especial gravedad, como cuando la Caja negó ante una comisión del Congreso la existencia de conversaciones para invertir el fondo en el extranjero, aunque poco después afloró prueba en contrario.
Cuando se anunció la intervención de la Gerencia de Pensiones, a partir de diciembre pasado, el director jurídico de la Caja, Gílbert Alfaro, expresó: “desde junio (') se han recibido informes de auditoría que señalan situaciones en la Gerencia de Pensiones que ahora vamos a investigar”. La decisión de intervenir tardó, entonces, al menos seis meses, durante los cuales la institución dio la apariencia de completa normalidad y rebatió las críticas, como lo hizo con los médicos del San Juan. Ahora anuncia que, por lo pronto, los costarricenses no podremos conocer el contenido del informe de la interventora, en cuyas páginas no habrá referencia al estado financiero del régimen porque ese tema no figura entre los elementos por evaluar.
El informe seguramente contiene hallazgos relevantes para resolver la situación administrativa de los funcionarios involucrados y decidir si existen otras responsabilidades, pero también es segura su importancia para el debate de un tema capital, como es la administración del régimen de pensiones más grande del país. La Caja debe encontrar la manera de informar a la ciudadanía sin lastimar los procesos internos y está obligada a conducir los trámites con la celeridad necesaria para que el informe completo llegue pronto a manos del público. En cuanto a la discusión sobre la sostenibilidad del régimen de pensiones, es mejor que se haga a la idea de que no concluirá mientras persistan las dudas en la Supen, el Congreso y la opinión pública.