Opinión

EDITORIAL

Burocratismo irracional

Actualizado el 12 de abril de 2014 a las 12:00 am

Por una diferencia de siete céntimos, se pretendió declarar incumplida una conciliación judicial y llevar al imputado a juicio

En contacto con la irracionalidad burocrática, el ciudadano se frustra y la institucionalidad pierde adeptos

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La Oficina de Defensa Civil de la Víctima, adscrita al Ministerio Público, se siente obligada a promover el cobro judicial de sumas ridículas para evitar sanciones por incumplir la obligación de resarcirse de los costos de procesos tramitados bajo su patrocinio.

Al Instituto Nacional de Seguros (INS) se le exigió el pago de siete céntimos, para lo cual se celebró una audiencia con participación del juez, un técnico judicial, un fiscal, el representante de la acción civil y el defensor particular. El costo de la audiencia y demás trámites supera en mucho el importe de la absurda pretensión y constituye un gasto irracional desde cualquier punto de vista.

El perjuicio para el erario público es el efecto más superficial y evidente. Existe, también, un claro menosprecio para la administración de justicia, puesta en ridículo, ante los ojos de la ciudadanía, por obra de sus operadores. El juez, el abogado defensor y otros participantes se esforzaron por comportarse con dignidad, pero el sainete era inevitable.

El INS se vio obligado a pagar ¢3,2 para indemnizar a la pasajera de un autobús cuyo chofer arrancó sin advertir que ella no había terminado de descender del vehículo. En la caída, la mujer sufrió lesiones. La acusación por lesiones culposas y la acción civil contra la empresa de transporte no llegó a juicio, porque las partes acordaron emplear el mecanismo de reparación integral del daño. El seguro se hizo cargo del pago y también de los ¢438.053,07 adeudados a la Oficina de Defensa Civil de la Víctima por concepto de honorarios.

Hasta ahí funcionaron bien los propósitos de economía procesal y solución alternativa del conflicto, sin necesidad de enjuiciar al imputado o imponerle otro tipo de castigo. Entonces entró en funcionamiento la irracionalidad burocrática. A la hora de pagar los honorarios, el INS redondeó la cifra, pues en Costa Rica no existe la moneda fragmentada necesaria para cancelar siete céntimos. Quizá los encargados del cobro esperaban un depósito de ¢438.053,10, pero les habría sido difícil entregar el vuelto. Faltando los siete céntimos, se inició una gestión para declarar incumplida la conciliación y llevar al chofer a juicio. De no ser por la cordura del juez, el hombre pudo haberse visto de nuevo como imputado.

El desperdicio de tiempo y recursos palidece frente a esta otra consecuencia de la irracional conducta burocrática. Siete céntimos no pagados por un tercero, la empresa aseguradora, pudieron haberle significado al chofer el martirio de figurar como imputado en un proceso penal por lesiones culposas.

El juez rechazó la petición de declarar el incumplimiento de la conciliación y dio por bien pagada la deuda con la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, señalando la imposibilidad de cancelar la diminuta suma residual en nuestro país, donde la moneda de un céntimo dejó de circular hace muchas décadas.

José Luis Pacheco, defensor del chofer, dijo estar indignado, como ciudadano, por el despilfarro de recursos públicos. El juez también llamó a la cordura a los gestores del cobro, exigiéndoles un análisis de proporcionalidad. Bien pudo haber dicho un análisis basado en el más elemental sentido común.

La Oficina de Defensa Civil de la Víctima dice haber actuado de conformidad con los lineamientos establecidos por la Auditoría Interna, que solo pueden ser ignorados a riesgo de sufrir una sanción disciplinaria. Alfredo Jones, director ejecutivo del Poder Judicial, negó toda injerencia de la Auditoría en las actuaciones de los defensores de las víctimas cuando ejercen su función en las audiencias.

El origen del problema no queda totalmente claro, pero no hay duda de que en algún estrato de la Corte Suprema de Justicia falta sentido común. La irracionalidad no es exclusiva de la burocracia judicial. Las actuaciones carentes de sentido, para cumplir a rajatabla una directriz de cualquier naturaleza, son comunes en todos los rincones de la administración pública.

Las consecuencias van más allá del desperdicio de recursos. En contacto con la irracionalidad burocrática, el ciudadano se frustra y la institucionalidad pierde adeptos.

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