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EDITORIAL

Beneficios de la baja inflación

Actualizado el 20 de febrero de 2017 a las 12:00 am

Los grupos sociales de menores recursos preservaron el poder adquisitivo de sus salarios y otros ingresos

Ya acabó el período de baja inflación nacional e internacional y, con él, los temores de una deflación

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Preservar una baja inflación tiene múltiples beneficios sociales, económicos y financieros. ¿Qué ha sucedido con el índice de precios al Consumidor (IPC) y cómo podría evolucionar en el futuro cercano?

Desde el punto de vista social, el principal efecto positivo se acredita a favor de los grupos sociales de menores recursos. La baja inflación contribuye a preservar el poder adquisitivo de los salarios y otros ingresos de los trabajadores y, también, ayuda a reducir los índices de pobreza y evitar mayor deterioro en la distribución del ingreso.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reportó que la inflación general subió un 0,77% en el 2016, pero la descomposición del índice general favoreció más a las personas de menores recursos que a los grupos económicamente acomodados. La variación acumulada del primero de esos grupos fue solamente del 0,11%, mientras que para la denominada clase media y alta fue del 0,52% y 1,28%, respectivamente. En realidad, todos se beneficiaron de la baja inflación. Pero, quizás por primera vez, los pobres lo hicieron en una mayor proporción.

¿Cómo se explica que el índice general de precios al consumidor se desagregara de manera tan dispar? Influyeron varios factores técnicos. Uno de los más importantes se relaciona con la dicotomía entre precios regulados y no regulados. Según cifras oficiales, los regulados –incluidos varios servicios públicos que pesan porcentualmente mucho en la canasta de bienes y servicios que consumen los más pobres– subieron relativamente poco. En enero pasado, por ejemplo, los regulados bajaron un -0,66%, mientras que los no regulados subieron un 0,80%. Se podría decir que la política oficial de regulación de precios fue determinante en los resultados.

Sin embargo, tampoco se deben ignorar los efectos de otras políticas económicas, como las monetaria y cambiaria, y la evolución de los precios importados, incluida, desde luego, la caída en los valores internacionales de ciertas materias primas, como petróleo, que incidieron en la baja inflación nacional e internacional.

La política monetaria contribuyó a reducir la inflación. En el 2016, tanto la liquidez total como el crédito al sector privado crecieron un 11,6%, comparado con expansiones interanuales mayores en períodos anteriores. Y aunque la liquidez fue relativamente holgada por la existencia de la denominada brecha del producto (crecimiento real menor al potencial) registrada ese año, la inflación se mantuvo baja. Igualmente influyó la poca variabilidad de las cotizaciones cambiarias, principalmente en el primer semestre. A ello se sumó la inflación importada, que en EE. UU. alcanzó solo un 0,7% (similar a la de Costa Rica) y fue aún más baja en otros países de la Unión Europea. Esa extendida estabilidad, sin embargo, está empezando a cambiar en el mundo y también en Costa Rica. Desafortunadamente, algunos de sus efectos dejarán de estar presentes en el 2017 y el 2018.

La inflación en Estados Unidos ya comenzó a repuntar. En el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las perspectivas mundiales de inflación se señala que, en promedio, los países industrializados se acercarán al 2% anual en el 2017-2018, por lo que los precios importados, que inciden en la inflación local, también comenzarán a reflejar esa dinámica. Las cotizaciones del petróleo podrían incrementarse hasta en un 20%, según algunos analistas, factor que incidirá en los precios de todos los productos (incorporado ya en las predicciones de inflación del FMI). A ellos se sumará el efecto indirecto sobre el IPC que tendrá la devaluación esperada en Costa Rica (alrededor del 5% según algunos analistas), por lo que el sector externo, en su conjunto, afectará la inflación a través del mecanismo denominado pass through.

La inflación en Costa Rica ya comenzó a subir. En enero alcanzó un 0,56% (0,66% en los últimos 12 meses) debido, en parte, a algunos de los factores mencionados anteriormente y otros más específicos de nuestra propia economía. El Banco Central estima que la inflación medida por sus diferentes índices distintos del IPC, está evolucionando de manera congruente con su programación macroeconómica y que gradualmente se insertará dentro de sus metas, fijadas en un 3% (+ - 1p.p). Es más, en un cronograma trimestral de aumentos programados de variaciones en el IPC estima que podría alcanzar un 2,6% en el último trimestre de este año; otros analistas, como Ecoanális y Aldesa, también estiman un aumento del IPC cercano al 2,9% y 2,6% en el 2017, respectivamente.

¿Qué conclusiones podríamos derivar de lo anterior? La primera es que ya acabó el período de baja inflación nacional e internacional y, con él, los temores de una deflación; segunda, el aumento de precios será gradual, moderado en los países avanzados (hasta converger en un 2% anual), un poco más elevado en algunos países emergentes y en desarrollo (5%) y, en otros como Costa Rica, se registrarán incrementos intermedios. En el caso nuestro, la inflación prevista por el Banco Central como meta a largo plazo es de un margen ubicado entre 2% y 4%, similar a la inflación de largo plazo de nuestros socios comerciales. De lograrse esa meta de inflación, tendría la ventaja de que, por ese factor, no se afectaría el tipo de cambio real. Pero la desventaja es que no sería tan neutral frente a los grupos de menores recursos, como ocurrió en el 2016. Y eso debería provocar mayor análisis y reflexión.

Si la inflación nacional resultara más elevada para ubicarse, digamos, en el margen superior de la meta del Banco Central (4%), sería equivalente al doble de la de los países desarrollados que son, precisamente, con quienes tenemos el mayor porcentaje del comercio internacional. Eso nos pondría en desventaja. Podría apreciar el tipo de cambio, deteriorar la competitividad, salarios reales y niveles de pobreza, y también afectaría las tasas de interés, el déficit fiscal por su elevado y creciente volumen de deuda externa, y el costo del financiamiento para el sector productivo privado.

Harían bien las autoridades monetarias y fiscales, incluyendo la Asamblea Legislativa, en valorar todos estos efectos y plantear las reformas necesarias para consolidar una inflación más baja, similar a la de los países desarrollados.

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