Escuchar¿Qué hacer con Bancrédito? La pregunta se la formulan el Gobierno, los diputados, bancos del Estado, actores del sistema financiero, ahorrantes, acreedores, deudores del Banco y, desde luego, los directores que hoy están al mando de la institución. La respuesta no es sencilla, pero sí muy urgente. La situación financiera se podría deteriorar y eventualmente pasar la factura a los contribuyentes.
Es necesario repasar brevemente las causas del deterioro del Banco según han trascendido a la prensa, empezando por su histórico pecado original. ¿Para qué tantos bancos estatales compitiendo entre ellos y con los demás bancos y entidades financieras privadas? Después de la nacionalización bancaria, en 1948, los fines nunca han sido claros y, menos, los resultados obtenidos. Hay varios bancos del Estado haciendo banca típicamente comercial, duplicando funciones, juntas directivas, administraciones, integrantes de distintos comités y las denominadas “safis” y, también, redundancia del personal que incide en la rentabilidad y capacidad para crecer.
¿Qué ha ganado el Estado con tantos bancos bajo su cartera? Si por lo menos percibiera dividendos como los socios de los bancos privados, uno diría que la inversión se justifica. Pero, en el caso de Bancrédito, no solo no ha percibido nada –la entidad ni siquiera ha pagado a cabalidad sus impuestos según se desprende de las recalificaciones practicadas por la Dirección General de Tributación por ¢13.121 millones–, sino que, más bien, ahora le tocan la puerta para capitalizarlo por ¢25.000 millones, precisamente en momentos de la mayor angustia fiscal. Bajo esta perspectiva, la solución cae por su propio peso: privatizarlo.
Para el Estado, Bancrédito como inversión no es rentable, aunque sí lo sea como entidad comercial. Además, puede tener un alto valor de venta actual o potencial en el mercado nacional o internacional. Solo la licencia bancaria (que en el caso de los bancos del Estado es de carácter estatutario) tiene un gran valor. Sería la decisión más inteligente y moderna que se podría adoptar, pues, con su venta, podría Hacienda reducir parte de su abultada deuda acumulada, por la cual paga altos intereses y, de inmediato, se volvería altamente rentable la disposición de un activo empantanado. Sería como aplicar una sabia solución casera: si uno tiene deudas por las que debe pagar caro y, a la vez, posee activos no redituables, lo mejor es salir de ellos para redimir los pasivos con costo.
Las otras soluciones propuestas son, todas, inferiores financieramente. Capitalizarlo por un monto de ¢25.000 millones para subsanar el hoyo en su patrimonio, como propone el presidente de la Junta Directiva, Jean-Jacques Oguilve, es para el Estado el peor de los negocios. Tendría que endeudarse por ese monto en el mercado financiero y pagar altas tasas de interés, incrementar su deuda y el déficit fiscal, para capitalizar una institución financiera que no reparte dividendos. Nunca lo ha hecho. En vez de ganar, ganar –como dicen en la jerga financiera– sería perder, perder. A los diputados les conviene actuar más astutamente, romper tabúes para maximizar los intereses financieros del Estado, que son los mismos de todos los costarricenses.
Trasladar Bancrédito al sistema de Banca para el Desarrollo, como propone el diputado Víctor Morales Zapata, es trasladarle el problema a ese sistema, sin resolverlo (como pasar la deuda de una bolsa a otra, sin pagarla). Ya la Banca para el Desarrollo tiene suficientes problemas propios entre manos como para adquirir otro y de mayor envergadura, sobre todo si no se recapitalizara ni alivianara su frondosa burocracia, que prácticamente se come las utilidades anuales.
Cambiarle de línea a Bancrédito, como también se ha propuesto, para volverlo supuestamente más rentable, asumiendo que se recapitaliza y reorganiza para disminuir el pesado fardo salarial, es una salida muy incierta, por decir lo menos. En nuestros reportajes de semanas anteriores se ofrece un pormenorizado detalle de las idas y venidas en las estrategias comerciales, desde la orientación a servicios a pequeñas y medianas empresas (pymes), fideicomisos, banca de personas y banca de fomento o desarrollo, sin tener éxito. Todas estas funciones las realizan en mayor o menor grado, y con más éxito, los demás bancos del Estado. Hay mucha redundancia. La exigencia moderna es que el Estado sea más eficiente.
Algo similar puede decirse del plan para que Bancrédito sea absorbido por el Banco Nacional o el Banco de Costa Rica. Si no se recapitaliza, estos bancos estatales heredarían un problema que podría comprometer sus rentabilidades. Y, de nuevo, ¿qué ganaría el Estado con “regalarles” Bancrédito a los otros bancos estatales, o a alguno de ellos, si tampoco percibe, de ellos, dividendos? Aunque privatizar ha sido un verbo políticamente incorrecto durante muchos años, descartarlo en este caso tiene un costo muy alto para el Estado y los contribuyentes, sobre cuyas espaldas, al final, recaerían las malas acciones y omisiones. Desde cualquier ángulo que se analice, la venta de Bancrédito mediante un mecanismo transparente y supervisado por la Contraloría General de la República es la mejor solución.
