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EDITORIAL

Avances en la Caja

Actualizado el 04 de octubre de 2012 a las 12:00 am

El éxito de la gestión de la Dra. Ileana Balmaceda, presidenta ejecutiva de la institución, condena a sus antecesores

El dictamen de minoría de la comisión legislativa establecida para investigar la situación de la Caja, distrae la atención de los problemas fundamentales

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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cerrará el año sin déficit. Está lejos de superar su crisis financiera; sin embargo, salió de la apremiante condición diagnosticada el año pasado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), cuyos técnicos previeron un faltante de ¢130.000 millones en el 2012.

La diferencia entre el precario equilibrio anunciado ayer y la caída al abismo es producto de medidas concretas, bien individualizadas. No hay misterios, salvo una inquietante incógnita: ¿Por qué tardó tanto la entidad en adoptar las medidas necesarias para recuperar la salud financiera?

Gustavo Picado, gerente financiero, atribuye los resultados a una agresiva política de cobro, a cuyo amparo el índice de morosidad cayó del 0,78% en el 2010 al 0,55% este año.

La mejora en la recaudación se complementa con medidas de ahorro suficientes para frenar la tasa de crecimiento del gasto, que bajó de 9,7% a 7,5%.

Las economías se consiguieron en rubros donde hasta hace poco hubo abuso. Los subsidios por enfermedad, este año, costaron ¢2.500 millones menos que el año pasado, cuando ya se había producido un ahorro producto de la aplicación del dictamen de la Procuraduría General de la República sobre la ilegalidad de utilizar el pago de incapacidades para calcular otros extremos, como el aguinaldo y la cesantía.

La mala práctica, responsable del desperdicio de miles de millones, pudo haberse frenado hace más de una década, cuando la Procuraduría se pronunció por primera vez sobre la materia.

Hace mucho, la Caja pudo haberse fijado en el excesivo pago de horas extra. También en ese rubro hubo ahorros significativos este año, con solo redistribuir personal y ordenar los turnos de trabajo.

La Caja congeló las plazas vacantes y redujo las consultorías, pero no dejó de contratar personal destinado a la atención directa de los usuarios. Contrató 149 especialistas, 95 técnicos y 75 profesionales en enfermería.

El gerente financiero admite la necesidad de trabajar más en esas áreas, donde todavía hay economías posibles, pero el progreso es importante y ninguna de las medidas adoptadas estuvo fuera del alcance de administraciones anteriores.

El éxito de la gestión de la Dra. Ileana Balmaceda, presidenta ejecutiva de la institución, condena a sus antecesores.

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En la administración del presidente ejecutivo Eduardo Doryan, todos los números siguieron el rumbo contrario. La planilla creció vertiginosamente y las remuneraciones se abultaron con extrema liberalidad.

Lejos de combatir los privilegios existentes, se crearon otros nuevos, como la extensión del tope de cesantía a 20 años.

Por eso llama la atención el dictamen de minoría de la comisión legislativa establecida para investigar la situación de la Caja. La tesis central de ese dictamen, suscrito por los dos legisladores del Partido Acción Ciudadana integrantes de la comisión, atribuye la crisis a “intereses empresariales” que impulsaron a los gobiernos de los últimos 20 años a dictar medidas para debilitar a la Caja y dirigir a los asegurados hacia la medicina privada.

Es una teoría de la conspiración como tantas otras. Descansa sobre una premisa plausible, en cuyo apoyo se acomodan los hechos. En algún caso, la premisa podría tener visos de verosimilitud, pero no sirve para explicar la crisis como un todo.

Sería necesario atribuir la proliferación de privilegios y contrataciones al maquiavélico propósito de conducir a la institución hacia la quiebra.

Las deficiencias en la política de recaudación tendrían que ser atribuidas a la intención de favorecer al 0,23% de los patronos, entre los cuales no figuran las principales empresas del país.

La cifra es la diferencia entre la morosidad del 2010 y la mejora que se demostró posible este año. Quizá la morosidad debería ser atribuida, más bien, al propósito de desfinanciar a la institución, pero haría falta explicar por qué no es mayor.

La conspiración no existe y los anónimos “intereses empresariales” citados por los dos legisladores en su informe, están por ser demostrados, así como su impacto sobre la crisis.

En la Caja ha existido mala administración, temor de enfrentar a los sindicatos, cálculo político y hasta corrupción, pero los difusos cargos del documento legislativo distraen la atención y nublan la vista ante las responsabilidades políticas del caso.

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