Opinión

EDITORIAL

Aval a la cooperación contra el narco

Actualizado el 19 de septiembre de 2012 a las 12:00 am

El convenio de patrullaje conjunto con los Estados Unidos superó, una vez más, el examen de la Sala Constitucional

Despejadas las dudas sobre la compatibilidad entre el convenio y la Constitución, la discusión se plantea en términosmás francos

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La Sala IV no encuentra incompatibilidad alguna entre el convenio de patrullaje conjunto con los Estados Unidos y la Constitución Política. Entiende, correctamente, que el acuerdo no quebranta el derecho a la paz porque el objetivo del patrullaje conjunto no está relacionado con fines bélicos, “sino con el combate a un trasiego sofisticado de drogas por tierra, mar y aire”.

Aun más, la Sala halla amparo para el patrullaje conjunto en el derecho internacional y múltiples tratados, así como en los instrumentos y declaraciones de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. El derecho a la paz, podrían haber añadido los magistrados, está amenazado por el narcotráfico, causa de la tercera parte de los homicidios cometidos en Costa Rica, para no mencionar su influjo sobre otros tipos de delincuencia.

La soberanía nacional está intacta porque las fuerzas militares extranjeras no ejecutan labores policiales autónomas en nuestras aguas. Las actuaciones se ejecutan al amparo de un acuerdo internacional cuyo texto reparte con claridad las competencias y atribuye a la autoridad costarricense una posición jurídica preeminente.

Los magistrados no varían sus criterios del pasado. Más bien los reafirman y citan como precedente la resolución No. 1999-004156: “' no se trata de la permanencia de fuerzas castrenses en territorio de Costa Rica, en su sentido más amplio del concepto: por un lado, porque los fines que se persiguen no son militares, ni se fundamentan en actuaciones bélicas, ni se pretende autorizar el acantonamiento o permanencia de fuerzas del ejército de los Estados Unidos de América en territorio nacional, lo que no solo no es objeto de discusión en este tratado, ni el mismo permite, bajo ninguna circunstancia, que pueda ser interpretado en ese sentido; y segundo, porque es precisamente la naturaleza de la operación conjunta del patrullaje, como medio idóneo escogido libremente por ambas partes para combatir el tráfico ilícito de estupefacientes, lo que la distingue de las operaciones militares”.

Con realismo, la sentencia señala la “modesta dotación de recursos” de la policía costarricense y sus consecuencias para la paz y la seguridad nacional. Cuando el constituyente prohibió el Ejército como institución permanente, no quiso prohibir otros supuestos, “'incluso valerse del establecimiento de convenios o de acuerdos de cooperación necesarios para compensar el importante vacío, y que deja a nuestras autoridades en una clarísima desventaja frente al tema de la lucha contra el trasiego ilícito de drogas”.

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La Sala también aclaró otros argumentos planteados por los opositores al patrullaje conjunto, como la confusión que los llevó a creer en la expiración del convenio. En el proceso, los magistrados acumularon todos los recursos interpuestos. No quedan, pues, obstáculos para desplegar las operaciones conjuntas, de conformidad con las disposiciones del convenio.

Con la oposición de legisladores de Acción Ciudadana y el Frente Amplio, la Asamblea Legislativa aprobó el permiso de atraque para un barco de la fuerza naval estadounidense al cual se le había negado, pese a su propósito de descargar marihuana decomisada en altamar para ofrecerla como prueba en el juicio contra tres detenidos bajo custodia de nuestras autoridades.

Los diputados opuestos a la primera solicitud de atraque mantuvieron su actitud con idénticos razonamientos, pero, al menos, permitieron votar. Una holgada mayoría de 36 legisladores manifestó su acuerdo con la petición planteada por el Ministerio de Seguridad Pública. La oposición es ideológica y el fallo de la Sala Constitucional lo pone en evidencia.

Despejadas las dudas sobre la compatibilidad entre el convenio y la Constitución, la discusión se plantea en términos más francos y las actuaciones de cada cual podrán ser juzgadas por lo que en verdad son y no por un pretendido apego a la legalidad.

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