El pago de peaje es una retribución justa de los usuarios de una vía por las ventajas que les ofrece la infraestructura. Es justa porque el cobro se le carga a quien efectivamente utiliza la carretera, no a toda la colectividad. La justicia depende, sin embargo, de una contraprestación adecuada. Los beneficios ofrecidos por la vía deben valer el precio.
Más allá de las polémicas suscitadas por la carretera a Caldera, no cabe duda de la valoración de los conductores, que podrían ahorrarse los peajes si transitaran por rutas alternas. Todos preferiríamos un peaje más bajo pero, si lo pagamos, es porque lo vale, especialmente en comparación con las demás posibilidades.
Es importante recordarlo, porque vivimos en un país que no cree en los peajes. Los tolera si son ridículamente bajos, apenas para pagar a los operadores, lo cual no tiene sentido. El peaje debe ser, como en el caso de la carretera a Caldera, para pagar el desarrollo de la obra o, en otros casos, para dar mantenimiento.
Por eso lleva la razón el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) cuando insiste ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para lograr un aumento en los peajes de las carreteras hacia Limón, Cartago, Alajuela y San Ramón. Si faltaran más motivos, basta con señalar que los montos no se han ajustado en 14 años.
También lleva razón la Aresep cuando exige al Conavi precisar los datos de tráfico vehicular para facilitar las proyecciones y demanda un plan detallado de mantenimiento para garantizar que lo recaudado no encuentre otro destino, como sucede con demasiada frecuencia en un Estado víctima de la estrechez económica.
Un tercer aspecto de extraordinaria importancia es garantizar la administración eficiente de la operación de cobro y, eventualmente, de mantenimiento. El año pasado, los cuatro peajes recolectaron ¢3.400 millones, de los cuales ¢2.075 millones (61%) se gastaron en la operación. Los gastos de conservación de las vías superaron las ganancias en ¢1.669 millones.
El peaje de Escazú, manejado por la concesionaria de la ruta 27, recolectó una suma similar, ¢3.360 millones, por trimestre. Los puestos de cobro no son comparables, pero las cifras apuntan a la posibilidad de inyectar importantes sumas de dinero al mantenimiento de vías que hoy están en franco deterioro y difícilmente podrán ser conservadas con los exiguos recursos del presupuesto nacional. También es importante que aprendamos a pagar por la infraestructura que utilizamos.
Germán Valverde, director ejecutivo del Conavi, enfatizó la urgencia de lograr los aumentos para financiar el recarpeteo, el bacheo y la limpieza de cunetas. También refirió la existencia de un plan de aumentos graduales en los próximos cinco años.
Conavi había intentado conseguir un alza en diciembre, pero la Aresep rechazó la solicitud por falta de información. Ahora, la propuesta es mucho más modesta en cuanto a los montos, supuestamente porque un estudio reciente estableció que el costo de mantener las cuatro vías es menor.
Llama la atención la enorme brecha entre los ajustes pretendidos en diciembre y los incorporados a la nueva propuesta. El alza en la Bernardo Soto pasó del 546% al 193%; en la Braulio Carrillo cayó del 644% al 386%; en la Florencio del Castillo, del 280% al 60%; y en la General Cañas, del 260% al 153%. Las variaciones despiertan dudas sobre la precisión de los cálculos o la posibilidad de que se renuncie al ajuste necesario por temor a las reacciones de usuarios acostumbrados a pagar muy poco a lo largo de los últimos 14 años.