Opinión

EDITORIAL

Atrapados en el limbo

Actualizado el 25 de noviembre de 2014 a las 12:00 am

El país debe avanzar en las reformas y los acuerdos para dar un salto en bienestar

El problema no es el estilo de desarrollo, sino las trabas que impiden potenciarlo

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El más reciente Informe Estado de la Nación, que coincide con el vigésimo aniversario del programa, aprovecha tal coyuntura para plantear una valoración general sobre la evolución socioeconómica y política del país durante ese lapso. Se trata de un valioso ejercicio, con un amplio acopio de datos y buenos elementos de análisis. Gracias a estas características –y aunque consideramos que algunos de sus planteamientos no están bien sustentados–, ofrece un excelente punto de referencia para reflexionar sobre las dos décadas que ya fueron y, más aún, el futuro que queremos construir para el país.

El informe parte de que “ha finalizado una época histórica en el país”, pero no aporta suficiente evidencia para sustentar una conclusión de tal magnitud. Más bien, la lectura del capítulo respectivo sugiere que estamos en un proceso de desarrollo inconcluso, a menudo contradictorio, con disfuncionalidades y señales de fatiga, pero también con posibilidades de ajustes para generar mejores resultados.

Al hablar del “estilo de desarrollo” de estas dos décadas, se menciona, con implícito tono crítico, que no fue producto de un “plan maestro”, capaz de definir “una secuencia ordenada de acciones”, sino “de una etapa de tensos forcejeos y negociaciones sociales y políticas, en la cual ningún grupo tuvo el poder suficiente para imponerse en todos los campos”. Nuestra perspectiva es distinta: creemos que, gracias a la discusión y el “forcejeo” democrático, nuestro país realizó importantes ajustes con razonable estabilidad, apoyo social y atención a los sectores más vulnerables. El gran problema actual es que se ha reducido la capacidad de negociación y concertación para alcanzar nuevos acuerdos que aceleren el progreso, en particular sobre reformas al aparato estatal y a la Administración Pública.

El informe, además, tiende a abordar estas dos décadas desde una visión excesivamente “macro-”. Identifica, con propiedad, cuatro grandes “apuestas” económicas, políticas y sociales seguidas por el país. Ellas son la promoción de las exportaciones, la atracción de inversión extranjera directa y la inserción en los flujos de comercio internacional; la expansión de la inversión social; el fortalecimiento de la conservación ambiental, y la ampliación de derechos y libertades. Sin embargo, no ahonda en importantes aspectos de ejecución de estas grandes orientaciones, ni en su interacción con componentes de nuestra institucionalidad, críticos para su adecuado desempeño. Este tipo de análisis habría servido para determinar con mayor solidez si, efectivamente, varios desafíos que enfrenta el país se deben al agotamiento de aspectos claves del estilo de desarrollo, o si, más bien, son producto de rigideces institucionales, reformas insuficientes, errores de gestión y debilitamiento del liderazgo político necesario para mantener el ritmo del cambio.

Más allá de las anteriores observaciones, coincidimos con el informe en que, a pesar de grandes avances alcanzados durante los últimos 20 años en salud, cobertura educativa, ingreso de los hogares, protección ambiental, profundización de la democracia y transparencia, no hemos logrado dar un verdadero salto en desarrollo y distribuir mejor los frutos del progreso. Como país, nos encontramos atrapados en una suerte de “limbo”, del que debemos salir para dar mayor dinamismo a nuestro bienestar.

Luego del gran impulso generado por las reformas y la apertura de las décadas de los 80 y los 90, hemos perdido ímpetu en la mejora del empleo, nuestra competitividad y productividad no han avanzado lo necesario, los índices de pobreza están estancados, la desigualdad en el ingreso ha aumentado, y la maraña de regulaciones, controles previos y suspicacias desestimulan el buen desempeño de los funcionarios públicos. Además, el espectro político se ha fragmentado, y no ha sido posible alcanzar acuerdos para emprender reformas sustanciales para que el Estado sea más productivo, ágil y estratégico.

Padecemos la enorme contradicción de que, debido a las normas que rigen el empleo público, una enorme cantidad de funcionarios, por simple antigüedad o convenciones colectivas de privilegio, ganan salarios de lujo que no corresponden a su aporte, pero es muy difícil atraer talentos nuevos y sólidos a la Administración Pública, porque la remuneración es insuficiente, los controles son enervantes y los estímulos al buen desempeño brillan por su ausencia.

A partir de un irresponsable crecimiento en el gasto corriente en el 2009, se ha venido acumulando un abultado déficit fiscal y un preocupante crecimiento en el porcentaje de la deuda pública en relación con el producto interno bruto (PIB), con el agravante de que la presente Administración planteó un presupuesto para el 2015 que agudizará el problema. Además, la mala infraestructura y los altos precios de la electricidad afectan nuestra capacidad competitiva, mientras poderosos grupos de interés han impedido reformas sustanciales en materia de contratación de obras y generación eléctrica privada.

Sobre muchos de los aspectos anteriores, el Estado de la Nación plantea ideas interesantes. Mediante ellas, nos estimula a plantear otras nuevas. Pero lo que realmente necesitamos es forjar acuerdos que nos permitan, en las condiciones actuales del país y del mundo, mejorar nuestro bienestar. Más que un cambio en el “estilo de desarrollo”, lo que necesitamos es avanzar en la capacidad de reforma, adaptación y gestión del país. Porque, no importa cuál sea el estilo o hasta el modelo, si no desatamos las múltiples amarras que nos han impedido crecer y modernizarnos con mayor vigor y resultados más inclusivos, difícilmente podremos dar el salto en progreso que necesitamos.

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