Escuchar“No quedamos debiendo en cantidad, quedamos debiendo en calidad”, dijo con franqueza el jefe de la fracción socialcristiana Wálter Céspedes cuando se le pidió evaluar la labor del Congreso en el 2010. “Los proyectos aprobados resuelven pocos problemas nacionales”. Otros diputados se mostraron más complacientes consigo mismos, pero ninguno pudo responder con entusiasmo.
Las desganadas explicaciones más parecen excusa y las encuestas no dejan duda de la opinión ciudadana, mucho más próxima a los conceptos vertidos por Céspedes. El 75% de los consultados se manifestaron insatisfechos con la labor del Congreso en la última encuesta encargada por La Nación a la empresa Unimer.
El Partido Acción Ciudadana (PAC) se congratula por su oposición al alza salarial de los diputados y el rechazo a la minería, tema resuelto en los tribunales y en las esferas del Poder Ejecutivo, no en el Congreso. “Por esas cosas nos deben recordar”, declaró su jefe de fracción.
El Partido Liberación se atrinchera en los argumentos cuantitativos criticados por Céspedes: aprobaron 77 proyectos, algunos de ellos con mucho tiempo de permanencia en la corriente legislativa, como la reforma constitucional para aumentar los recursos destinados a la educación.
El Movimiento Libertario exhibe como logro la aprobación de préstamos por $850 millones, contratados durante la administración pasada y enviados desde entonces al Congreso. Es el fruto del pacto de gobernabilidad entre ese partido y el Gobierno, dicen líderes de la fracción.
La pobreza de la labor legislativa contrasta con la riqueza de la agenda nacional. Costa Rica todavía no cuenta con una ley de tránsito capaz de regular con acierto su caos vial. La comisión especial encargada del accidentado proyecto logró un texto de consenso, pero falta discutirlo por el fondo y enviarlo al plenario. La ley de electricidad, tan necesaria para hacer frente a los retos en el campo energético, sigue a la espera de observaciones.
La reforma constitucional para la protección del agua entrabó el proceso legislativo y los diputados decidieron posponer la discusión para conseguir un texto de consenso. Pasados varios meses, no hay acuerdo sobre la redacción definitiva y ni siquiera hay coincidencia sobre el artículo constitucional a reformar.
La fracción de Gobierno sufre una mal disimulada división, producto de prematuras aspiraciones políticas en el seno del oficialismo. El PAC no exhibe un rumbo definido ni logra sacudirse la imagen de partido del “no”. El PUSC parece empeñado en llamar la atención mediante enfrentamientos espectaculares, como el suscitado a raíz del ingreso de buques estadounidenses en el marco del convenio de patrullaje conjunto. Por su parte, los libertarios no consiguen cuajar el distanciamiento de viejas posiciones dogmáticas prometido en el curso de la campaña presidencial por su líder, Otto Guevara.
En la columna de débitos, el Congreso inició su gestión con el desafortunado intento de aprobarse un alza salarial. La propuesta perdió todo viso de razonabilidad cuando se hicieron públicos los salarios declarados por muchos legisladores a la seguridad social antes de ocupar la curul.
El nombramiento de parientes en cargos de asesoría, el intento de eliminar los sistemas de localización instalados en los vehículos de la Asamblea y la falta de voluntad para reformar la Constitución con el objeto de garantizar la probidad de los legisladores tampoco sientan bien al electorado. La Sala Constitucional incurrió en exceso al ordenar la reforma y fijarle plazo, pero la laguna legal es innegable y no hay gestiones encaminadas a corregir la deficiencia.
En los primeros meses de gestión abundaron los enfrentamientos estériles y en algunos casos, como los nombramientos de altos cargos estatales, los atrasos fueron notorios. La Procuradora General de la República esperó largo tiempo su ratificación por razones que no quedaron del todo claras y la Sala IV lleva un año en espera de uno de sus integrantes.
El 2011 no promete demasiado. El año comienza con la introducción de la reforma fiscal pretendida por el Gobierno y rechazada, de antemano, por varias fracciones de la oposición. El desgaste promete ser intenso y ya afloran posiciones irreductibles, ajenas a cualquier voluntad de diálogo.
Fraccionada en exceso, casi atomizada, la Asamblea Legislativa no ha dado muestras de estar a la altura de los grandes retos nacionales. La ciudadanía lo percibe y algunos diputados lo admiten. Los meses venideros dirán si está en condiciones de recuperar el lugar que le corresponde. No lo conseguirá con la aprobación masiva de donaciones y otras leyes menores.
