El costo de cualquier obra de infraestructura construida por la Caja Costarricense de Seguro Social tiene un recargo automático de entre 1% y 2% que la institución está obligada a destinar a la compra de arte costarricense, a tenor de una ley aprobada en 1982. La misma obligación pesa sobre las demás instituciones estatales, pero solo la Caja tiene acumulados ¢2.121 millones en obras de arte, la mayoría de las cuales el público no ve. Casi todas las obras están en los despachos, salas de reuniones y hasta guardadas en una bodega.
Muchos funcionarios se niegan siquiera a tener las obras en sus despachos por temor a posibles responsabilidades en caso de robo o maltrato. El público puede ver la colección en una galería virtual creada en el sitio de la Caja en Internet, al cual, por supuesto, muy pocos acuden.
El propósito de estimular las bellas artes no puede ser disputado, pero sí la solución aprobada por el Congreso en 1982, sobre todo en vista de las dificultades financieras de la institución sanitaria y los apuros de otras entidades estatales sobre cuyos hombros pesa la misma obligación.
En el caso de la Caja, el dinero cotizado por empresas y ciudadanos tiene un propósito muy específico. El pago se hace con la expectativa de recibir una contraprestación en servicios de salud cuando llegan a ser necesarios. Los diputados de 1982 decidieron destinar parte de ese dinero al arte, con lo cual desnaturalizaron la promesa contendida en la ley orgánica de la institución, cuyo sentido inequívoco es destinar los fondos exclusivamente al cuidado de la salud.
Ahora, la Caja también acude a razones de constitucionalidad para alegar la incompatibilidad entre la ley de 1982 y la Carta Magna, cuyo artículo 73 establece una expresa prohibición de transferir o emplear los recursos de los seguros sociales para “finalidades distintas a las que motivaron su creación”.
La Sala IV deberá pronunciarse al respecto, pero la Caja dejó de invertir en arte desde el 2003. Así, incumple las disposiciones de la ley de 1982, pero armoniza su actuación con la Constitución y la ley orgánica vigente. La contradicción se hace aparente con la lectura de los textos y la institución hace bien en pedir a los magistrados una solución definitiva.
No hay un cálculo del monto no invertido en la última década por inobservancia de la ley de 1982, pero la institución sí estimó cuánto habría sido necesario para cumplir la normativa, considerando lo gastado en solo los cinco proyectos más recientes: las clínicas de Desamparados y Siquirres, el área de salud de Parrita, la torre médica del Calderón Guardia y el servicio de Radioterapia del Hospital México. La obligada inversión en arte sería de ¢1.483 millones, si se aplica el extremo inferior del gasto obligatorio fijado por ley, es decir, el 1% del valor de las obras. Una administración más dispendiosa podría duplicar el monto sin temor a una reprimenda.
Apenas cabe imaginar el gasto, si se toman en cuenta todas las edificaciones de la década y se suma al resultado la inversión correspondiente a las demás instituciones públicas afectadas por la ley.
La Caja ha puesto en práctica difíciles medidas de austeridad. El país y la realidad económica las exigen. Esa es razón de más para cuidar que los funcionarios no reciban señales contradictorias. La austeridad exige coherencia, lo mismo en la Caja que en las demás instituciones del Estado.
Si en este caso la solución no brota de la Sala IV, los diputados deben pensar en corregir el desatino cometido por sus predecesores hace ya tres décadas.
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