Opinión

EDITORIAL

Aprendizaje práctico

Actualizado el 22 de septiembre de 2017 a las 10:30 pm

Según la CCSS, las empresas deben incluir a los aprendices en planilla y pagar la seguridad social correspondiente

El MEP y el INA reaccionaron alarmados por la limitación de oportunidades para sus alumnos. Lo mismo harán las universidades

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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se está constituyendo en un formidable obstáculo para las empresas dispuestas a abrir sus puertas a estudiantes interesados en hacer prácticas como parte de su formación técnica y profesional. Según la Caja, las empresas deben incluir a los aprendices en planilla y pagar la seguridad social correspondiente.

Si ese criterio se impone, la educación dual está condenada para siempre, no obstante el plan piloto y el proyecto de ley promovido por el Ministerio de Educación Pública (MEP), inspirado en el sistema alemán. Lo mismo puede decirse de otros métodos de aprendizaje práctico. El año pasado, el MEP envió a 12.772 alumnos de los colegios técnicos a hacer prácticas en empresas especializadas en informática, contabilidad, secretariado, cocina, diseño y otras ramas.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) gestionó oportunidades de práctica para otros 2.070 alumnos y muchas universidades incorporan las pasantías a sus programas de estudios profesionales como requisito de graduación. No es de extrañar la oposición de las autoridades educativas a las pretensiones de la Caja. El MEP y el INA reaccionaron alarmados por la limitación de oportunidades para sus alumnos.

Las prácticas son una contribución de la empresa privada a la formación de técnicos y profesionales. También sirven a los estudiantes para establecer relaciones en el mercado laboral y mostrar sus aptitudes a posibles empleadores. En los países desarrollados, nadie se asombra por la existencia de semejantes acuerdos. Universidades europeas y norteamericanas incluso contactan a empresas de otros países para convenir pasantías que, además de la formación, ofrecen a sus estudiantes la oportunidad de observar otras culturas.

Imponerles a las prácticas técnicas y profesionales los costos de la seguridad social es invitar a las compañías a cerrar sus puertas a los estudiantes. La Caja alega disposiciones de su Ley Constitutiva y de la Ley de Aprendizaje, vigente desde 1971. Es hora de cambiar esas disposiciones, pero la propia institución aseguradora se opuso al proyecto de ley planteado por el diputado William Alvarado para regular las relaciones de aprendizaje entre empresas y estudiantes.

Según la Caja, cuando un aprendiz ejecuta labores en una empresa, se expone a las mismas contingencias de los demás trabajadores. Lo mismo puede decirse del momento cuando el estudiante cruza la calle, con la diferencia de que en ese caso no aprende nada. No es la primera vez que una burocracia reglamentista y divorciada de la realidad emprende una asfixiante “defensa” de un grupo social que no la ha solicitado, pero ojalá en esta ocasión prime el sentido común.

En el fondo, la “protección” no solicitada obedece a un prejuicio contra la empresa privada. Las prácticas, dicen sus detractores, son un medio para explotar a los estudiantes. “No saben de qué hablan”, dijo la ministra de Educación alemana Johanna Wanka durante su visita al país el año pasado. La funcionaria explicó las virtudes del programa de educación dual de su país y se mostró asombrada del absurdo debate desatado en nuestro medio.

El sistema también existe en Suiza, los Países Bajos y Austria, entre otros. Wanka no duda al atribuirle buena parte del éxito en la lucha contra el desempleo juvenil. Lo dicho para la educación dual vale para otros sistemas de práctica técnica y profesional. Las pasantías, claro está, no deben servir de excusa para el aprovechamiento abusivo. Eso es lo que la ley debe regular con cuidado de no entorpecer las prácticas legítimas, como las propiciadas por el MEP, el INA y las universidades.

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