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EDITORIAL

Apoyo a la democracia

Actualizado el 07 de noviembre de 2012 a las 12:00 am

Hace seis años, el 78% de los costarricenses prefería la democracia a cualquier otra forma de gobierno, pero la cifra cae a 57% en la actualidad

La encuesta retrata una creciente frustración, pero no la explica. La exploración de los motivos más profundos es urgente

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En seis años, el porcentaje de ciudadanos “muy” orgullosos de vivir bajo el sistema político vigente cayó del 55% al 36%. El 45% caracteriza su grado de orgullo como “regular” y solo el 16% se anota en la columna de “poco”. Un reducidísimo 3% dice no estar del todo orgulloso.

El resultado de la encuesta ejecutada por la empresa Unimer para La Nación despertaría envidia en otros países, pero en el nuestro es motivo de preocupación. Hay deterioro, pese a la clara mayoría identificada, en algún grado, con el régimen democrático.

Hace seis años, el 78% de los costarricenses prefería la democracia a cualquier otra forma de gobierno, pero la cifra cae a 57% en la actualidad. En el mismo periodo, el porcentaje de personas con “mucho” respeto por las instituciones bajó del 54% al 37%, y un 45% define ese sentimiento como apenas “regular”.

Los datos de la encuesta ejecutada por la empresa Unimer para La Nación no permiten precisar en detalle los motivos del cambio, pero confrontados los números con las respuestas a otras preguntas, es claro que las razones son variopintas. Van desde el desencanto con el sistema político como medio para resolver los problemas (40% no considera a la democracia apta para ese fin), hasta la proclividad al autoritarismo (según el 12%, un Gobierno autoritario es preferible en determinadas circunstancias), pasando por la simple indiferencia (para el 13% da lo mismo un régimen u otro).

Los resultados son sorprendentes en un país tradicionalmente orgulloso de su régimen, donde el sistema educativo exalta la importancia de los valores democráticos, la generalidad de los partidos políticos los acepta como principios orientadores y las manifestaciones de autoritarismo son marginales. Además, los medios de comunicación proyectan, por lo general, los mismos valores y la población rechaza las opciones extremas en las urnas.

La encuesta retrata una creciente frustración, pero no la explica. La exploración de los motivos más profundos es urgente. Son diversos, pero confluyen en una sola corriente que erosiona el sistema político. Los resultados llaman la atención sobre peligros latentes, ante los cuales no puede haber indiferencia.

Los primeros llamados al análisis y la rectificación son los partidos políticos. El 53% de los ciudadanos clama por una nueva opción. La respuesta debe ser leída como una expresión de insatisfacción con la oferta del presente.

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La insatisfacción no es un partido político, un programa o una orientación ideológica. En ella caben todas las corrientes, hasta la más simple actitud contestataria. No todos los integrantes del 53% quieren lo mismo, y no sabemos qué tipo de nuevo partido estarían dispuestos a respaldar, pero coinciden en la crítica a las opciones existentes.

En los partidos y sus representaciones en el Parlamento y el Ejecutivo están muchas de las claves del inmovilismo percibido por la población. El cuestionamiento de la democracia como medio idóneo para resolver los problemas se entiende, sin que lo diga la encuesta, a partir de la parálisis constatable en las instituciones públicas, en especial la Asamblea Legislativa.

También hay razones para explicar el desencanto en los incumplimientos estatales. El sistema político crea irresponsablemente expectativas que, a posteriori, no pueden ser satisfechas por falta de medios para concretarlas. Luis Paulino Mora, presidente de la Corte Suprema de Justicia, aprovechó en el 2011 la apertura del año judicial para llamar a los partidos políticos a abandonar la práctica de ganar votos mediante la concesión de derechos ayunos de los recursos necesarios para hacerlos realidad. “Después de todo, los derechos valen en tanto y en cuanto se puedan hacer efectivos. Lo demás es papel”, afirmó.

Hay otras razones de descrédito, como la corrupción, la desconexión con los intereses de los ciudadanos, la baja calidad de los servicios, la manía del trámite y el abuso de prebendas en el sector público. Ninguna de ellas debe escapar al examen, pero las dos apuntadas son sistemáticas, y su solución es punto de partida para enfrentar las demás.

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