Opinión

EDITORIAL

Ajustes impostergables al IVM

Actualizado el 16 de octubre de 2015 a las 12:00 am

El más reciente estudio actuarial del IVM propone elevar el aporte de 8,5% a 14%, ajustando paulatinamente las contribuciones tripartitas

El problema de las jubilaciones debe ser enfrentado con valentía y realismo en defensa de la seguridad social y de los pensionados

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Ajustes impostergables al IVM

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A confesión de parte, relevo de pruebas, dicen los abogados. El largo debate sobre la supervivencia del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social está llegando a su fin o, por lo menos, a un punto donde ya no es posible negar las debilidades del sistema de pensiones más importante del país, con 224.000 jubilados y 1,4 millones de cotizantes.

El más reciente estudio actuarial de la propia Caja propone elevar el aporte al IVM de 8,5% a 14%, ajustando paulatinamente las contribuciones del Estado, los trabajadores y los patronos cada cinco años entre el 2020 y el 2040. Entre enero del 2016 y diciembre del 2019, la cuota obrera debería subir de 2,84% a 3,84%, según las recomendaciones del estudio.

Apenas en el 2005, la Caja había estimado suficiente el aumento de los aportes tripartitos a 10,5% en el 2035. La situación, según el nuevo estudio, es bastante peor. No es difícil inferir que se acerca mucho al criticado informe de la empresa Melinsky y Asociados. Los números de la propia institución aseguradora ya aceptan un escenario de deterioro financiero para el 2027, fecha muy temprana en relación con la defendida hasta hace poco por la burocracia de la Caja.

Cada vez se hace más evidente, también, la razón que asistía al exsuperintendente de pensiones Édgar Robles en su larga lucha por obligar a la institución a enfrentarse con la realidad. La insistencia era incómoda, porque no hay soluciones agradables. Siempre fue mejor trasladar el problema a la siguiente administración, pero hemos llegado a un punto límite.

A lo largo de años, hemos sido testigos de las pequeñas conspiraciones burocráticas para encontrar formas de desacreditar a Melinsky cuando apenas iniciaba su estudio, las maniobras legales para negarle toda validez por formalidades de contratación y no por los resultados, los pulsos con la Superintendencia de Pensiones (Supén) sobre el alcance de sus potestades y el ocultamiento de información a los reguladores con la excusa de que hicieron públicos datos que la Caja habría preferido tratar en conciliábulo, entre muchas maniobras más.

La dilación en esta materia solo contribuye a empeorar la situación y la discusión franca ya se pospuso mucho más de lo prudente. En el 2010, cuando la Caja aseguraba la solidez del sistema hasta el 2038, Robles la acusó de “maquillar” las cifras para crear la ilusión de un régimen sostenible.

Ese mismo año, la Caja le negaba información al superintendente porque había dado a conocer el estudio de la firma Nathal y Asociados, donde se pronosticaban las dificultades del régimen para el 2025, fecha muy próxima a la ahora admitida por la auditoría interna. Melinsky habla del 2023 como el peor escenario.

Desde hace años, hemos publicado editoriales para urgir la discusión abierta y protestar por la posposición de los correctivos indispensables. Ya en el 2011, cuando comentábamos la investigación del IVM iniciada por los diputados, escribimos: “Las conclusiones (…) pueden conducir a decisiones dolorosas y sensibles para la política y la economía, pero es mejor saberlo cuanto antes, porque las medidas correctivas son mucho más onerosas cuando se aplican al borde de la crisis”.

En más de una oportunidad, mencionamos las únicas soluciones posibles, todas costosas en términos de capital político: reducir los beneficios, aumentar la edad de retiro, incrementar las cuotas o hacer una mezcla de los tres correctivos. Existen otros medios, como la contribución impuesta a las empresas estatales por la Ley de Protección al Trabajador, pero no se han materializado y tampoco serían suficientes.

La Caja comienza a aceptarlo, en la práctica, con las medidas adoptadas en los últimos meses: cerró portillos al abuso del aseguramiento por cuenta propia, anunció el paulatino fin de la jubilación anticipada y admitió la necesidad de elevar cuotas. Hemos perdido demasiado tiempo. El problema debe ser enfrentado con valentía y realismo en defensa de la seguridad social y de los pensionados.

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