EscucharEl recorte a las pensiones de lujo pagadas a exdiputados y exfuncionarios de Gobierno, así como a sus herederos, alcanzaría para arreglar tres veces el famoso puente de la “platina”. Así tituló La Nación un reportaje sobre los ahorros conseguidos con las medidas adoptadas por la Asamblea Legislativa. Es una manera de llevar al mundo de lo concreto cifras cuya enormidad se tornan difíciles de comprender.
El ahorro anual se estima en ¢24.250 millones y otra forma de visualizar su posible uso es transformarlo en bonos de vivienda a razón de ¢6,5 millones por beneficiario. Alcanzaría para poner techo sobre las cabezas de unas 3.800 familias. Un mes de pensión de los funcionarios más afortunados habría sido suficiente para financiar dos bonos de vivienda y sobrarían ¢500.000.
No hace falta reparar tres veces la “platina”, pero hay muchas otras necesidades, como las de vivienda, salud, educación y seguridad ciudadana. También hay muchos otros recursos estatales destinados a financiar privilegios para la aristocracia política y burocrática. Las pensiones de lujo son apenas un ejemplo y el ahorro, aunque parece mayúsculo, es comparativamente pequeño.
El término “pensiones de lujo” utilizado para describir el pago a 441 jubilados de viejos regímenes de privilegio es engañoso. Conduce a pensar que las demás jubilaciones son “normales”, pero hay muchas otras pensiones de lujo, como las de la Corte Suprema de Justicia.
La reforma aprobada por los diputados en el 2016 no tocó esas otras jubilaciones, pero entre ellas las hay superiores a algunas de las llamadas “de lujo”. En el Poder Judicial, hay 661 pensiones de entre ¢2,5 millones y más de ¢9 millones. En promedio, esos 661 jubilados cobran ¢3,4 millones. Hay muchas otras jubilaciones cercanas a la frontera de ¢2,5 millones.
Entre los pensionados “de lujo”, hay 210 con ingresos mensuales entre ¢2,5 millones y ¢4 millones. A ellos se les redujo la pensión en un 13,5%. ¿Cómo justificar la permanencia del régimen de la Corte donde hay más pensionados con jubilaciones más caras? Las pensiones “de lujo” superiores a ¢8 millones se reducirán en un 33,5%. ¿Por qué no sus similares de la Corte?
Los diputados deben plantearse esas preguntas en las próximas semanas, cuando les corresponda debatir la reforma a las jubilaciones de la Corte. Las llamadas “pensiones de lujo” siguen siendo de lujo después de la reforma del 2016. La pensión promedio del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social, del cual dependen las grandes mayorías no privilegiadas del país, es de apenas ¢269.000 y solo el 1,3% de las jubilaciones alcanzan el tope de ¢1,5 millones (1.752 de los 216.793 pensionados) después de cotizar sumas muy elevadas a lo largo de muchos años.
Ese contexto permite aquilatar hasta dónde las pensiones “de lujo” lo siguen siendo, pero los legisladores fijaron los nuevos límites donde lo estimaron prudente. La Sala Constitucional recibió 186 recursos de amparo de los afectados por la reducción y todavía no los ha resuelto. Ojalá los límites acordados por los legisladores resistan el examen porque apenas representan un primer paso para restablecer un grado de equidad.
Los excesos que la burocracia ha cometido en su propio beneficio pesan sobre todos los ciudadanos, en especial sobre los más necesitados. El Estado no debe seguir negándole el techo a quien lo necesita para premiar a sectores mucho más favorecidos. En última instancia, el país debe aspirar a un solo régimen de pensiones, complementado por cada quien según le parezca mejor.
