EscucharLos rellenos habilitados para recibir más de la mitad de la basura de la Gran Área Metropolitana (GAM) están llegando al final de su vida útil. Las instalaciones de Los Pinos, en Cartago, más bien debieron cesar operaciones el año pasado y a La Carpio le quedan, cuando mucho, dos años.
Esos dos rellenos reciben 1.500 de las 2.700 toneladas de basura sometidas a tratamiento técnico cada día en la GAM. La vida útil fue calculada por técnicos de la Universidad Nacional y el Ministerio de Salud. Las empresas administradoras de los dos rellenos discrepan de las conclusiones del estudio, pero el cálculo más optimista en Los Pinos fija la fecha de cierre en el 2018. La empresa de La Carpio fue menos precisa en sus pronósticos, pero también cree tener capacidad para continuar operaciones más allá de la fecha mencionada en el estudio.
El Huaso, en Aserrí, trata otras 1.200 toneladas, el máximo de su capacidad, y debería cerrar en el 2020, según el estudio. Si no se construyen otras opciones, la basura de la región central se constituirá en un problema formidable a cinco o seis años plazo. La posibilidad de utilizar sitios más remotos, como lo hace Heredia, cuyos desechos viajan 96 kilómetros hasta Montes de Oro, Puntarenas, es muy reducida. Si bien Montes de Oro podría recibir otras 900 toneladas diarias, los rellenos regionales carecen, en conjunto, de la capacidad para absorber la avalancha de desechos generados en el Valle Central.
Quienes recuerdan la pesadilla de la basura en los años 90, cuando llegó a haber un ministro sin cartera nombrado específicamente para ese tema, conocen los costos de una crisis en el manejo de desechos. En esa época, el país tomó conciencia, como nunca antes la había tenido, de las consecuencias ambientales y sociales del mal manejo de los desechos. Los riesgos para la salud de los botaderos a cielo abierto acaparaban los titulares de prensa y en muchas comunidades hubo manifestaciones de protesta, algunas con brotes de violencia.
El reciclaje está en pañales, a falta de de buenos hábitos y sistemas eficientes. La Ley Integral de Residuos, aprobada en el 2010, exige a las municipalidades la recolección selectiva de desechos, el reciclaje y las buenas prácticas ambientales, pero no establece mecanismos de seguimiento y evaluación, ni asigna recursos financieros y administrativos para ejecutar los programas.
La mayor parte de las municipalidades cumplió con la entrega del plan de tratamiento de residuos al Ministerio de Salud, de conformidad con la ley. Sin embargo, la presentación del plan es apenas un requisito y su concreción no es supervisada. El Ejecutivo firmó un convenio de cooperación con Corea para hacer un estudio en San José, Desamparados y Aserrí, a fin de analizar la forma de darle factibilidad política y técnica a la aplicación de la ley. El análisis estará listo el año entrante, pero no hay garantía de resultados suficientes a corto plazo.
San José, Desamparados y Alajuela, los mayores productores de basura en la GAM, apenas reciclan un 1%. Y, en conjunto, los gobiernos locales recuperan tan solo un 2% de lo recolectado. Más de la mitad de las municipalidades del país carece por completo de iniciativas de reciclaje.
Por otra parte, el Gobierno congeló los proyectos de generación eléctrica mediante la incineración o gasificación de residuos sólidos, una posible solución a la acumulación de desechos cuyo costo ambiental y compatibilidad con la Ley Integral de Residuos es objeto de fuerte debate.
Por lo pronto, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) evalúa la apertura de nueve rellenos sanitarios en San José, Alajuela, Guanacaste, Limón y Puntarenas. No estamos a tiempo de apostarle demasiado al reciclaje, aunque es indispensable intensificar la práctica por razones de responsabilidad ambiental. Mientras tanto, no debe haber dilación en la creación de planes de respaldo para los rellenos existentes. La imprevisión será, a corto plazo, incosteable.
