Opinión

EDITORIAL

Acuerdo por la seguridad social

Actualizado el 21 de febrero de 2013 a las 12:00 am

Sindicatos y otras organizaciones sociales han formulado un plan de rescate de la Caja, merecedor de detenida consideración

El franco equilibrio de los planteamientos denota un esfuerzo por abordar el problema por encima de intereses gremiales, corporativos o partidistas

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Un grupo de sindicatos y organizaciones sociales, incluidas la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, el Sindicato Nacional de Enfermería, la Iglesia luterana y varias cooperativas, plantean un programa de diez puntos para rescatar a la Caja Costarricense de Seguro Social de su precaria situación financiera. Es un plan perfectible, no agota todas las posibilidades y algunas propuestas ameritan mayor análisis, pero el planteamiento es serio y merece consideración.

La redacción demuestra intenciones de velar por la integridad de la institución, más allá de la protección de estrechos intereses gremiales. De entrada, admite la existencia de un conflicto entre los intereses de la colectividad y los de determinados gremios, para luego hacer un llamado a abordar el tema con transparencia y objetividad.También señala la confusión entre el interés público y los intereses político-partidarios, a los cuales achaca el perdón de deudas al Estado y la contratación de más de 10.000 cargos administrativos.

El documento no pasa por alto el conflicto de intereses entre algunas empresas proveedoras de servicios de salud y los asegurados, pues la Caja debilita sus finanzas y la atención del usuario cuando contrata con proveedores externos servicios que ella misma podría brindar.

Los tres elementos del diagnóstico son certeros y en cada caso hay ejemplos concretos y recientes para demostrarlo, pero el reconocimiento del factor gremial presta al documento una notable fuerza moral. Los firmantes exigen al Estado cumplir sus compromisos financieros con la Caja, pero también piden controlar el cumplimiento de los horarios y la productividad, en particular de los profesionales de las Ciencias Médicas.

Exigen formular, con urgencia, un plan de inversiones para la adquisición de equipo y tecnología de punta, mas no se abstienen de recomendar, “hasta donde sea posible”, la eliminación del pago de tiempo extraordinario.

El franco equilibrio de esos planteamientos denota un esfuerzo por cumplir la promesa de abordar el problema “por encima de intereses gremiales o corporativos, como también por encima de banderas partidistas”, pues “solo con grandes acuerdos sociales se logrará el mejoramiento sustancial de los servicios de salud pública que brinda la Caja a los habitantes de Costa Rica”.

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Entre las propuestas restantes, tres tienden a mejorar el control de la gestión en todos los niveles y, en el pasado, algunas de ellas encontraron resistencia de los funcionarios afectados. La adopción del expediente electrónico, para citar un ejemplo, roza con los intereses de quienes prosperan en medio del descontrol y elimina la necesidad de mantener un ejército de personas dedicadas al traslado de los expedientes físicos.

La petición de dar transparencia a las listas de espera y abrir el proceso a la fiscalización de los asegurados cierra espacios a la corrupción y la negligencia, como también lo hace la idea de centralizar las compras de medicamentos y otros insumos, con la publicidad de esos procesos como garantía de su corrección.

El planteamiento general de retomar el modelo preventivo de atención para mejorar la salud y producir futuros ahorros, es parte del debate desde hace muchos años y es oportuno revisarlo en la actualidad. Otras propuestas, como la anulación de los concursos de antecedentes promovidos para el más reciente nombramiento de gerentes y la prohibición de ejercer la medicina simultáneamente en la Caja y en los consultorios privados son más polémicos, pero constituyen temas legítimos de discusión.

Los firmantes del manifiesto no ocultan las coincidencias entre sus planteamientos y los de la comisión especial nombrada por la presidenta Laura Chinchilla para estudiar la crisis de la seguridad social. Por el contrario, se muestran impacientes por el ritmo de adopción de las medidas con las cuales coinciden.

Hay en el documento y en la actitud de sus proponentes una base firme para forjar los “grandes acuerdos sociales” necesarios para encarar los problemas de la Caja. La oportunidad de promover un diálogo y una reflexión madura en busca de esos acuerdos no debe ser desaprovechada.

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