EscucharEl acuerdo logrado entre los productores de frijol de la zona sur y el Gobierno de la República, representado por la ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria Abrahams, permite hacer un balance de la situación del sector, recordar los alcances del proteccionismo agrícola y los retos pendientes para lograr una reconversión . La conclusión es que se lograron algunos avances, pero resta un camino por recorrer.
El problema de los productores es complejo. La ministra Abrahams lo resumió así en varias entrevistas concedidas a los medios de comunicación: en primer término, hay un problema de precios internos, comparados con los prevalecientes en el mercado internacional. Mientras los precios de sustentación para los productores nacionales andan alrededor de ¢27.000 por quintal y los productores exigían originalmente ¢35.000, en Nicaragua, por ejemplo, apenas alcanzan la mitad de la primera cifra. En otros mercados de exportación también son más bajos. De ahí se derivan otros problemas e interrogantes relacionados con costos de producción, productividad y competitividad del productor nacional, incluyendo los costos de los insumos, los fertilizantes y el valor y calidad de las semillas.
¿Por qué los productores costarricenses no pueden producir y vender a precios menores? La respuesta, de nuevo, es compleja e involucra diversas variables. La primera es el tipo de cambio, que se ha apreciado en los últimos años, mientras la inflación interna y los salarios han seguido creciendo y presionan la rentabilidad. El problema, desde luego, no será resuelto considerando únicamente los intereses de los frijoleros, porque es de carácter macroeconómico general. Lo mismo puede decirse de la inflación y los salarios que, idealmente, deberían estabilizarse.
Pero algunos elementos apuntan a una mayor devaluación en el futuro –ya las cotizaciones han empezado a despegarse de la banda inferior–, por lo que el precio relativo de los productos importados comenzará a ajustarse en relación con el prevaleciente en el mercado nacional, incluyendo los frijoles. Por ahí vendrá un respiro. El otro podría darse si se lograra un mejor control de la inflación, hasta hacerla llegar a los niveles prevalecientes en algunos países competidores, lo cual pasa por una mejor programación monetaria del Banco Central ( inflation targets ) y mayor control de los precios de los servicios públicos, que han subido más que el promedio del IPC, y afectan los costos de producción.
Sin embargo, aunque se ajuste hacia arriba el tipo de cambio y hacia abajo la inflación, los costos de producción en el mercado local siguen siendo elevados y hacen difícil la competencia. Eso se debe al valor de los insumos, incluyendo fertilizantes y semillas que, aparentemente, son muy caros e inciden en el precio final. En este punto cobra importancia la parte del acuerdo entre productores y el Gobierno, donde este último se comprometió a destinar una partida importante –¢250 millones incluidos en el presupuesto nacional del 2014– para apoyar a quienes hubieran vendido la cosecha anterior a precios menores de ¢27.000 por quintal. Claro que ese arreglo es temporal, pues, una vez consumida la partida, los problemas de costos seguirán gravitando sobre los productores nacionales. Hay que buscarles una solución definitiva.
En términos de precios, el Gobierno se comprometió a fijar un valor de sustentación de ¢11.000, lo cual revive el proteccionismo agrícola, especialmente si se considera que, además, se comprometió a “mejorar las condiciones de venta del frijol” y a “acelerar la reforma a la ley No 8763 para que los productores no tengan que negociar los precios de esos productos año con año”, independientemente de la evolución de los precios internacionales, el tipo de cambio y otras variables económicas y financieras. Fijar los precios para el mercado local a niveles superiores que los del mercado internacional implica un subsidio indirecto, con cargo a los consumidores nacionales. El proteccionismo nunca ha sido un buen medio para estimular la eficiencia y la productividad. Tampoco va en beneficio de los consumidores ni de la lucha contra la pobreza.
Los otros acuerdos logrados entre las partes son, por así decir, de carácter formal y cajonero. Los agricultores exigieron, y el Gobierno aceptó, no perseguir a los detenidos por violar las leyes relativas a la libre circulación y no tomar ninguna represalia contra quienes incurrieron en actos violatorios del orden público. Esa parece ser la norma. El ejemplo, sin embargo, es poco edificante, especialmente para los que religiosamente cumplen la ley. Y queda la puerta abierta para nuevas manifestaciones en procura de beneficios ajenos a la competencia y la productividad nacional.
