Opinión

EDITORIAL

Acertada decisión presidencial

Actualizado el 15 de julio de 2015 a las 12:00 am

El mandatario y su ministro de la Presidencia fueron fieles a las promesas electorales cuando ordenaron la destitución de seis funcionarios del Ejecutivo

La presidencia del PAC no exhibe la misma coherencia y defiende a quienes proponen utilizar recursos del Gobierno para beneficio del partido

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Un grupo de jóvenes funcionarios, algunos con cargos relevantes en la Administración Pública, como Mariano Salas, jefe de despacho del ministro de la Presidencia, plasmó en un documento la propuesta de utilizar recursos del Gobierno para beneficio del Partido Acción Ciudadana (PAC). El planteamiento incluye una excitativa para combatir el “ottonismo”, en alusión a los grupos fundacionales del partido, identificados con los puntos de vista del diputado Ottón Solís.

En la reunión del grupo autodenominado “Juventud Progresista”, de donde salió el documento, participó el asesor legislativo Eduardo Solano, secretario general a.i. del PAC y pareja de la viceministra de la Presidencia Ana Gabriel Zúñiga, quien militaba en la Juventud Progresista antes de integrarse al Gobierno. También estuvieron presentes Óscar Jiménez, asesor de la bancada oficialista; Marcela Ávila, del Instituto Mixto de Ayuda Social; Fabián Solano, del Ministerio de Planificación; y Randall Céspedes, Cindy Taco y Éder Artavia, funcionarios del Ministerio de la Presidencia.

El documento causó revuelo cuando se filtró entre los asambleístas del partido y luego a la prensa. Solano lo reconoció como verdadero, pero atribuyó los desaciertos a la “inexperiencia” del encargado de redactarlo y, según manifestó, la Juventud Progresista es “contundente contra el uso de recursos públicos”. Pero el documento propone, con toda claridad, “aprovechar los recursos políticos del Gobierno para beneficio partidario” y, también, para ventaja de la tendencia “progresista”.

La Juventud Progresista intenta interpretar la frase como una sugerencia que excluye el empleo de recursos materiales, pero no queda claro a cuáles otros recursos se refiere. En cualquier caso, la intención de aprovechar el poder para beneficiar al partido y específicamente a la corriente “progresista” es indudable. Viniendo de jóvenes ubicados en importantes despachos de la Administración Pública, la mayoría de ellos en el de la Presidencia, donde tienen como viceministra a una compañera de causa, el asunto debe ser tomado en serio.

Así lo hicieron el presidente, Luis Guillermo Solís, y su ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, cuando anunciaron, ayer, el cese de los seis funcionarios del Poder Ejecutivo involucrados en el caso. Desde el primer momento, la Casa Presidencial calificó el documento de “politiquería” y prometió sancionar a los involucrados.

El mandatario y su ministro cumplieron la palabra. Fueron fieles a las promesas electorales del partido, que no siempre las ha respetado con fidelidad, como sucedió con el nombramiento de la entonces presidenta de la agrupación en una plaza de la Asamblea Legislativa.

En un llamado a la coherencia, la subjefa de fracción Nidia Jiménez pidió a la bancada legislativa imitar a la Presidencia de la República y despedir a los dos asesores parlamentarios involucrados. En la misma línea, el diputado Ottón Solís calificó el documento de los “progresistas” como representativo del “retroceso a los vicios más repudiables de la política tradicional”.

Pero en la presidencia del PAC no existe la misma inclinación. Su titular, Margarita Bolaños, defiende a los “progresistas” en abierta contradicción con la Casa Presidencial. Aún está fresco su protagonismo en el pacto firmado con el Frente Amplio y un sector de los sindicatos a espaldas de la casa de Gobierno, según la versión del propio Poder Ejecutivo.

La contradicción entre la administración y el partido oficialista no es inusitada, pero la actitud asumida por tres viceministras, incluida la de la Presidencia, exigía explicación. Ana Cristina Trejos, de Vivienda, escribió en Facebook: “Dura fue la mano pero más la historia que la juzgará”. Zúñiga replicó: “La lealtad es sin duda alguna una de las cosas más dolorosas (sic) y ausentes en la política”. Carmen Muñoz, de Gobernación, terció: “Y seguimos arrojando jóvenes y doncellas al cráter del volcán para calmar su ira”.

En efecto, la falta de lealtad a los principios pregonados se hace notar con frecuencia en la política. Con demasiada insistencia prima la mal entendida lealtad a los copartidarios, siempre salvados de las fauces del volcán, y eso la historia lo juzga con dureza. El presidente y su ministro demostraron, el lunes, una clara comprensión de la lealtad debida. Para no ser “malinterpretadas”, las viceministras ya aclararon que sus intervenciones no implican falta de respaldo a la acertada determinación. Menos mal.

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