Opinión

EDITORIAL

Aceptación de la educación sexual

Actualizado el 24 de mayo de 2013 a las 12:00 am

Más del 98% de los colegiales llevan el curso ofrecido por el MEP sin objeción alguna de sus padres.

Una minoría consiguió retardar durante demasiado tiempo la aspiración mayoritaria de las familias.

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Cumplidos los objetivos del plan piloto lanzado en el segundo semestre del 2012, el Ministerio de Educación Pública (MEP) implantó el programa de Educación para la sexualidad y afectividad en todo el país. La respuesta de alumnos y padres de familia queda patente en la altísima matrícula, pese a la posibilidad de negarse a participar.

La Sala Constitucional resolvió las objeciones de los grupos opuestos al curso mediante una sentencia respetuosa de los derechos de ambas partes. Quienes rechacen los contenidos del programa por motivos de conciencia pueden pedir la exclusión de sus hijos. Ni el Ministerio ni las congregaciones religiosas opuestas a la oferta educativa quedaron completamente satisfechos, pero el resultado final se alinea con los propósitos de las autoridades educativas y llama a la reflexión.

Más del 98% de los colegiales llevan el curso sin objeción alguna de sus padres. De los 217.520 alumnos de sétimo, octavo y noveno, solo 3.807 (1,7%) no participan en el programa. Las razones de sus progenitores son válidas, pero también las de la multitud de padres dispuestos a extender la experiencia educativa de sus hijos a estas importantes áreas del conocimiento. Sin embargo, esa holgada mayoría debió esperar años para poder optar por el curso.

No todos los desacuerdos surgidos en una democracia pueden ser dirimidos por el voto de la mayoría. La Sala Constitucional lo comprendió así cuando dejó a salvo el derecho de la minoría a abstenerse de participar pero, en la práctica, la minoría consiguió retardar durante demasiado tiempo la aspiración mayoritaria. La protección de las minorías no exige otorgarles el derecho al veto ni la facultad de dictar el contenido de la educación pública.

Juan Luis Calvo, presidente de la Alianza Evangélica, cuestiona los datos del Ministerio y asegura que en diversos puntos del país los directores de los colegios no prestan atención a las objeciones de los padres. Peor aun, dice conocer casos de estudiantes sustraídos del programa y sometidos por ese motivo a presiones de otros alumnos y de sus profesores.

El Ministerio debe investigar esas denuncias y actuar sobre ellas con prontitud para asegurar el pleno cumplimiento de la sentencia de la Sala Constitucional y asentar la coherencia entre el contenido de los cursos y la práctica, pues la educación para la sexualidad y afectividad enfatiza, entre otros valores, el de la tolerancia.

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No obstante, la constatación de las denuncias, si se diera, difícilmente alterará de manera significativa la nutrida mayoría de partidarios de la educación sexual. Solo 31 de los 10.962 alumnos con posibilidad de matricularse en el plan piloto del 2012 dejaron de aprovecharlo y el 77% de los encuestados a mediados del 2012 por la firma Unimer se manifestó de acuerdo o muy de acuerdo con los programas de educación sexual.

La aceptación de los cursos por el estudiantado y las explicaciones brindadas por los maestros, los propios jóvenes y las autoridades educativas, contribuyen a asentar la credibilidad del programa y permiten impartirlo con tranquilidad. El plan de estudios va más allá de la educación sexual para enseñar a los colegiales la convivencia, la no discriminación, la autoestima y la aceptación de la diversidad.

En concreto, los aspectos de salud reproductiva analizados en los cursos no están de más en un país donde 14.000 adolescentes quedan embarazadas por año, con duras consecuencias personales y sociales para ellas y sus hijos. El suministro de información adecuada sobre la sexualidad puede contribuir a enfrentar esa tragedia, que no puede dejar de ser reconocida como real.

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