Opinión

EDITORIAL

Abrir los ojos en la Corte

Actualizado el 25 de julio de 2017 a las 10:00 pm

Las realidades mostradas por el estudio del sistema de pensiones, ejecutado por la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica, no pueden ser ignoradas

El Poder Judicial ha disfrutado pensiones de lujo. Ese tiempo pasó y la aspiración de gozar ventajas similares en el futuro no debe nublar la vista de los trabajadores actuales

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Los empleados más jóvenes del Poder Judicial deben abrir los ojos a las realidades mostradas por el estudio del sistema de pensiones de la institución, ejecutado por la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica. Según los resultados, a falta de urgentes ajustes, en el 2029 el pago de jubilaciones exigirá echar mano a los intereses generados por el fondo. En el 2040 eso no será suficiente y el dinero comenzará a salir del fondo mismo, cuyo agotamiento ocurrirá en el 2048.

Si en el tango 20 años no son nada, menos todavía en un régimen de pensiones. Si los requisitos de jubilación se mantuvieran iguales, ningún funcionario que a esta fecha tenga diez años o menos de cotizar logrará pensionarse antes del agotamiento del fondo, porque la pensión exige un mínimo de 30 años de servicio.

Eso no significa que quienes tengan más años de cotizar puedan estar tranquilos. La pensión a los 55 años y la alta expectativa de vida significa que quienes se pensionen hoy vivirán para ver el agotamiento de las reservas. Las cotizaciones de los trabajadores activos en ese momento estarán lejos de alcanzar para mantener a los jubilados y el problema será mayúsculo.

La indiferencia de los actuales empleados de Poder Judicial ante estos fenómenos y la insistencia en preservar privilegios incosteables solo se puede comprender a partir de una fe ciega en crecientes contribuciones del Estado. El estudio de la UCR ya contempla las importantes contribuciones del Estado como tal y como patrono, con un porcentaje muy superior al de los demás empleadores.

Suponer que esa contribución seguirá subiendo o que habrá apoyo del presupuesto nacional para el régimen es muy arriesgado en un país con grave desequilibrio fiscal y muchas otras necesidades que atender. Eso no es costeable y tampoco justo. Bien dijo el magistrado Carlos Chinchilla, presidente de la Corte, que la institución no tiene el propósito de sacar del bolsillo de los costarricenses el sustento de su régimen de pensiones.

El Poder Judicial ha disfrutado pensiones de lujo. Ese tiempo pasó y la aspiración de gozar ventajas similares en el futuro no debe nublar la vista de los trabajadores actuales. Su proyecto de ley es insuficiente para reducir de manera significativa el déficit actuarial detectado por los expertos universitarios. Lo mismo es cierto del proyecto planteado por la Corte.

Ambas iniciativas, por otra parte, plantean transitorios para extender los privilegios a quienes se pensionen en los próximos cinco años. Los autores del estudio critican la medida temporal porque la posposición de los ajustes perjudica al fondo y tienta a los administradores y políticos a incluir otros grupos en el beneficio. Pero la crítica más obvia es a la falta de equidad. Los proyectos de ley, ya forzados a admitir los excesos cometidos hasta ahora, no los reforman en grado suficiente y, además, preparan la última camada de privilegiados. Las consecuencias son para quienes vengan detrás. Ellos son, precisamente, quienes deberían abrir los ojos.

La edad de jubilación, dicen los autores del estudio, debe ser 65 años. La cotización, si se quiere determinado nivel de beneficios, debe ser del 15%. Es necesario establecer un tope a las pensiones porque el régimen no puede seguir pagando beneficios de más de ¢9 millones y las jubilaciones ya otorgadas por encima del tope deberán contribuir con la mitad del exceso.

Son medidas severas en relación con los beneficios disfrutados hasta ahora, pero sin ellas el régimen no sobrevivirá. No huelga recordar que, de todas formas, los beneficios superarán en mucho los del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, aun cuando se tomen en cuenta las diferencias en las cuotas obreras.

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