Opinión

El derecho a ser feliz

Actualizado el 16 de julio de 2007 a las 12:00 am

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El derecho a ser feliz

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En “el derecho a ser feliz” se pueden resumir las palabras de la diputada Ana Helena Chacón la noche del 21 de junio, durante la presentación pública, en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, del proyecto de ley 16390 titulado: Uniones Civiles y de Hecho entre Personas del Mismo Sexo . La propuesta, auspiciada por el Movimiento Diversidad y elaborada por el licenciado Marco Castillo, fue acogida para su trámite tanto por la diputada Chacón, de la Unidad Socialcristiana, como por los diputados José Merino del Río y Carlos M. Gutiérrez, del Frente Amplio y del Movimiento Libertario, respectivamente.

El proyecto pretende sacar de la invisibilidad jurídica a una minoría que ha estado injustamente expuesta, por siglos, a todo tipo de vejámenes y persecuciones. Sabido es que las sociedades modernas se caracterizan por su tendencia, cada vez más acentuada, hacia normas de convivencia fundamentadas en la aceptación y el respeto hacia la diversidad humana en todas sus formas. Numerosos tratados internacionales se hacen eco de este enfoque y las distintas ordenaciones constitucionales y leyes de locales reflejan esa posición. Por lo mismo, Costa Rica, país de avanzada en el respeto a las minorías y paladín de los derechos humanos, no podría quedarse atrás en esta nueva posibilidad de brillar con luz propia ante el resto del mundo.

Nuevas realidades. Ninguna sociedad fundamentada en el Estado de derecho puede negarse a reconocer las nuevas realidades presentes. Menos en el caso de este segmento de población formado por individuos presentes en todos los tiempos y lugares, como parte innegable de la naturaleza humana; y resistente hasta lo indecible, no obstante la tenaz, feroz, humillante y hasta sangrienta represión con que se le ha perseguido en sociedades obsesionadas con las necesidades reproductivas de la especie (¿prioridad, hoy?).

El proyecto es bastante moderado en sus pretensiones: omite la figura del matrimonio, sobre todo por las connotaciones tradicionales y religiosas que supone; y excluye el tema polémico de las adopciones. Pero introduce derechos que otros ciudadanos dan por descontados: formar una familia con un ser que brinde apoyo, afecto y compañía, reclamar bienes gananciales y de herencia cuando proceda, acceder como pareja a los beneficios laborales, de salud, tributarios, de préstamos, de visita en hospitales, etc.

La sociedad gana. El articulado no quita derechos a nadie; al contrario, los da –y solo moderadamente– a quienes carecen absolutamente de ellos. La sociedad gana con ello: integra en su seno a un sector desprotegido, a la vez que le asigna deberes para regular sus manifestaciones. Acaba también con la hipocresía social que ha obligado a no pocos a travestirse como novios, maridos y padres de familia, con las frustraciones y riesgos que esto implica para sí, sus parientes y, en general, para todos.

Una sociedad moderna y democrática no puede privarse del potencial participativo e imaginativo de sector alguno. Siglos de odio injustificado, de intolerancia, de persecuciones y chantajes de todo tipo han privado a la humanidad del talento y la creatividad de hombres y mujeres a los que se ha hecho avergonzarse de sus sentimientos y llevar vidas miserables. El proyecto les restituye su dignidad natural. Honra, además, a los diputados que lo auspician. Y de ser aprobado por el resto de ellos, marcaría al actual Congreso por su sentido humanitario y su empeño para atender e institucionalizar una realidad social del único modo posible en una sociedad que se precia de civilizada y democrática: con la ley.

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