Por: Juan Carlos Hidalgo 10 octubre, 2016

Vivimos tiempos de sacrificios, nos recuerda constantemente el presidente Solís. Si queremos continuar disfrutando de las bondades de nuestro Estado social de derecho, tenemos que pagar más impuestos. No podemos seguir viviendo con “gustos de champán y bolsillos de frijoles”. Pero de pronto emerge la duda: si la situación es tan grave y todos debemos poner de nuestra parte, ¿no es hora de que las cooperativas paguen impuestos como el resto de los mortales?

El tema vuelve al tapete tras la adquisición de Gallito por parte de la Dos Pinos. El anuncio fue recibido con algarabía en ciertos círculos donde el nacionalismo económico sigue siendo fetiche: tras 22 años en manos extranjeras, esa emblemática empresa de golosinas “vuelve a ser tica”. Además, como señaló La Nación, con esta transacción Dos Pinos se está transformando en un poderoso conglomerado de alimentos, con adquisiciones de otras líneas de producción y plantas en Centroamérica.

Pero un detalle de la noticia no generó mayor reacción en las huestes nacionalistas, que por lo general son las mismas que pretenden que adoptemos una mayor carga tributaria: al pasar a formar parte de las operaciones de la Dos Pinos, Gallito y las otras empresas adquiridas dejarán de pagar impuesto sobre la renta, ya que las cooperativas están exentas de ese gravamen. Aunado a este beneficio, la ley establece que cuando una cooperativa distribuye utilidades (llamados “excedentes”), a sus socios se les retiene únicamente un 5% de impuesto y no el 15% que se paga normalmente.

De esta forma, hay muchas empresas nacionales importantes –incluidas entidades financieras que manejan activos más grandes que algunos bancos privados– que al utilizar la figura de cooperativa no pagan un cinco de impuesto sobre la renta: la Dos Pinos genera un 1,7% del PIB, por ejemplo. Esto no solo representa un odioso privilegio que atenta contra el principio de igualdad ante la ley, sino que los tributos que estas empresas dejan de pagar se le terminan cargando al resto de los contribuyentes.

Como era de esperarse, pese a toda la retórica sobre sacrificios compartidos, los planes impositivos del presidente Solís no hacen mayor cosa por cambiar este trato discriminatorio. Por eso, toda reforma fiscal sensata y equitativa debería contemplar la eliminación del inciso d) del artículo 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Hay que poner a las cooperativas a tributar como cualquier otra actividad mercantil.