Por: Eduardo Ulibarri 20 abril

Como guía de acción y discurso político, el voluntarismo es un peligroso simplismo. Puede ayudar a captar votos, denostar adversarios o generar esperanzas, pero al chocar con las realidades del poder su eficacia se desintegra y sus aparentes beneficios se vuelven perjuicios. Este ha sido el caso del actual gobierno, como ilustran tres ejemplos recientes: los pluses indebidos de viceministras, la “pifia” del MOPT y el desplome de Bancrédito.

Desde su llegada al poder, la retórica y actitud presidenciales se han apegado a valores impecablemente democráticos; sin embargo, sobre todo en su Informe de los 100 días, Luis Guillermo Solís cometió dos graves errores de arrogancia: dar a entender que los últimos gobiernos habían estado en manos de forajidos y que bastaba con salir de ellos para, gracias a la voluntad, honestidad y responsabilidad de los nuevos, generar un cambio rápido, ejemplar y transformador. No ocurrió así.

A los pocos meses, en una muestra de saludable candidez, el presidente reconoció que “no es lo mismo verla venir que bailar con ella”. Para entonces ya había aprendido que la música del baile real no solo la tocan los gobernantes y sus equipos directos, sino la legislación, la estructura estatal, las regulaciones, la burocracia, los gremios y la oposición. Lidiar con ellos requiere voluntad, pero también visión, planes, buena gestión, negociación constante, seguimiento, sentido estratégico e ingente trabajo.

Como los gobiernos son imperfectos (algunos más que otros), todos han mostrado variadas dosis de incapacidad, ineficiencia, parálisis, irresponsabilidad y hasta corrupción, en la mayoría de ellos a pesar de (no debido a) la voluntad de sus líderes.

En el colapso de Bancrédito veo impericia e irresponsabilidad del gerente y los directivos nombrados por el gobierno; en los pluses de las vices, un intento de buscarle la “comba al palo” para elevar su ingreso; en la “pifia” del MOPT, la suma de lo anterior más una densa turbiedad.

En todos los casos, el costo político, los perjuicios y la contradicción entre discurso y realidad son obvios; pero en el trasfondo existen normas y procedimientos que inducen a lo peor. Lo que corresponde, por esto, no solo es censurar o castigar, sino corregir para evitar.

(*) Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).