Mucho se ha hablado en los últimos meses de los salarios en el sector público. Este no es un asunto fácil de tratar, pues suele elevar pasiones.
Se trata del ingreso que da sustento a muchas familias, pero también porque, al final de cuentas, el nivel “adecuado” de salarios tiene un componente de valoración grande.
En una situación de mercado, impone las restricciones de cuánto pueden ser los salarios. Si algún tipo de trabajo es bien valorado por la gente (demanda) y hay pocas personas con las habilidades requeridas para desempeñarlo (oferta) el salario tiende a subir.
Al contrario, si algún trabajo es poco valorado y abundan quienes puedan hacerlo, el salario baja. Además, si una empresa paga sueldos bajos no conseguirá los empleados que requiere para competir, y si paga muy alto, pierde competitividad.
El esfuerzo, sea físico o mental, no es necesariamente el determinante fundamental del salario. Este no depende tanto del mérito que la persona crea que tiene su labor, sino del valor que otros le pongan a lo que él hace.
Así por ejemplo, a pesar de la gran responsabilidad que tiene el presidente del país, mucha gente ve con malos ojos que devengue un salario de ¢3 millones o ¢4 millones al mes. Y este ni siquiera es el más alto del sector público.
La misma gente, probablemente, opina que está muy bien que Keylor Navas gane millones de euros jugando en el fútbol español. Es cuestión de valoración.
Cuando no hay competencia, la valoración del salario “adecuado” para cada trabajador es más difícil de hacer. De ahí que en el sector público usualmente se pongan reglas uniformes para determinar la paga de sus funcionarios.
Sin embargo, a lo largo del tiempo, las convenciones colectivas y otras negociaciones les han otorgado a empleados del Estado pluses salariales y laborales que no están ligados a la valoración que hace la sociedad de la utilidad de su trabajo.
Por ello, hace bien el Consejo Directivo del ICE al adoptar el esquema de salario único para sus funcionarios. Si este se acompaña con una medición cuantitativa de alcance de metas particulares y de objetivos institucionales, la fijación se aproximaría un poco al “mercado”.
El ICE adopta este esquema porque está parcialmente en competencia. Si no paga salarios competitivos se queda sin empleados calificados, y si paga salarios muy altos, sus costos no le permitirán competir.
En todo caso, es un paso en la dirección correcta, que debería ser emulado por el resto del sector público.
(*) Luis Mesalles obtuvo su doctorado y maestría de Economía en The Ohio State University y su bachillerato en Economía en la Universidad de Costa Rica. Actualmente, es socio consultor de Ecoanálisis y gerente de La Yema Dorada. Participa en varias juntas directivas. Anteriormente, fue vicepresidente de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, presidente de Academia de Centroamérica, profesor en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Stvdium Generale.