Por: Armando González R. 5 julio, 2015

La insistencia de algunos sectores, sobre todo los gubernamentales, en la aprobación de una ley de acceso a la información podría desembocar en un retroceso para nuestras libertades públicas. Costa Rica ha construido un régimen de amplio acceso a la información oficial y cuando algo no está roto, es peligroso meterse a arreglarlo.

Nuestro sistema consiste en acudir a la Sala Constitucional, por la vía del amparo, cuando la Administración se niega a entregar información de interés público, como sucedió cuando el Ministerio de Justicia intentó reservarse los datos de hacinamiento penitenciario y cuando la Presidencia retuvo las listas de visitantes a la casa de gobierno. Idéntico fue el caso del directorio legislativo, el año pasado.

En las tres oportunidades, los magistrados dieron la razón a los recurrentes. La reiterada jurisprudencia de la Sala IV deja muy poco espacio para retener información y el éxito de los recursos de amparo contra la arbitrariedad es la norma. El trámite dura algunos meses pero, a fin de cuentas, la información se hace de conocimiento público.

No es la solución ideal. La información de interés público debe ser entregada de inmediato, sin más trámite. Para eso bastaría la voluntad de los administradores. Por eso se hace sospechoso que pongan tanto empeño en promover una ley de acceso a la información.

Imaginemos esa ley. Contendrá amplias parrafadas de compromisos democráticos, sobre todo en la exposición de motivos. Luego de afianzar los mejores propósitos, vendrá la lista de excepciones y por allí se cuela el diablo. Los funcionarios públicos tendrán a mano una lista de excusas para fundar el rechazo a las peticiones de información.

Entonces, los ciudadanos acudiremos a la autoridad judicial. En el mejor de los casos, la ley dejará abierta la vía a la Sala IV. Es decir, volveremos al mismo punto. Pero los magistrados podrían decidir que el tema es de legalidad. Hasta ahí el derecho a obtener información de interés público, porque el procedimiento ordinario tarda años.

Los proponentes de la ley ofrecen la incorporación de los estándares internacionales al texto. Para Costa Rica, esos estándares son un retroceso porque están pensados para naciones armadas, cuyos aparatos de seguridad exigen el secreto. Un país sin ejército es excepcional y las normas internacionales están hechas para la generalidad, no para las excepciones. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.