El nuevo período extraordinario de sesiones legislativas ofrece al gobierno una oportunidad doble: reivindicar su lamentable desempeño en el impulso a proyectos de ley y propiciar acuerdos para conjurar la crisis fiscal y avanzar en otras iniciativas clave. El éxito también depende de más actores: los diputados y ciertos gremios. Pero la gran responsabilidad es del Ejecutivo, que controla la agenda hasta el 30 de abril y nunca debe renunciar al liderazgo.
La experiencia genera prudencia: según el Estado de la Nación, esta es la administración con la peor “tasa de éxito” en extraordinarias desde 1990; tanto el PAC como la Alianza Opositora muestran fisuras internas, y la ruptura total de los fuegos electorales cada vez está más próxima. Lo que no se logre en estos meses difícilmente se podrá impulsar después. Conclusión: el éxito dependerá de un esfuerzo supremo y una estrategia impecable.
La convocatoria inicial incluye 46 proyectos: un número excesivo que, en principio, revela confusión de prioridades. Sin embargo, también podría ser un primer tanteo que se decantará según las circunstancias. Por esto, mi inquietud no es tanto por la cantidad, sino por la forma en que se articulen las seis iniciativas fiscales incluidas en la agenda y las dos que, por ahora, quedan fuera.
El primer grupo incluye el impuesto a las personas jurídicas (muy avanzado), la creación del impuesto al valor agregado, la llamada regla fiscal y las reformas a renta, regímenes especiales de pensiones y exoneraciones. En el de los ausentes están la lucha contra el fraude fiscal y reforma al empleo público. La razón para excluir al primero es convincente: tras el aval de la Sala IV, faltan detalles que cumplir antes de que regrese al plenario. Sobre el segundo, el ministro de Hacienda dijo que esperan a que terminen varias consultas para armar un proyecto unitario.
Ojalá esta última versión sea real y no un recurso para ocultar poco compromiso con un texto relevante negociado con la oposición, incapacidad de alinear a todos los diputados del PAC, temor a los gremios, falta de convicción, o todo lo anterior.
La indispensable reforma fiscal no puede esperar más, ni en ingresos ni en racionalización del gasto. Y si estas extraordinarias se desperdician, la crisis no tardará en llegar.
(*) Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).