Por: Juan Carlos Hidalgo 12 octubre, 2015

La abogada Paola Gutiérrez ventiló en estas páginas algunos cuestionamientos al programa Mi Primer Empleo que vale la pena repasar. Según sus cálculos, el monto que el Gobierno le pagaría a una empresa por contratar un trabajador no calificado bajo este programa –¢1.456.000 anuales– equivale al pago de los costos laborales creados por ley: cuotas patronales a la CCSS, aguinaldo, vacaciones y auxilio de cesantía.

Es decir, por un lado, el Estado encarece la contratación de los trabajadores y, por el otro, subsidia (temporalmente y solo en algunos casos) el pago de estos costos a ciertas empresas.

No olvidemos que una compañía jamás contrataría a un trabajador si su costo laboral excede la productividad esperada. Cuando el Estado encarece la mano de obra –aunque lo haga con buenas intenciones– afecta mayormente la empleabilidad de los trabajadores cuya productividad es inferior. Por ello, los jóvenes, mujeres y personas con discapacidad (la misma gente que Mi Primer Empleo busca ayudar) tienden a sufrir, cuando cuentan con escasa cualificación, de niveles de desempleo, subempleo e informalidad bastante superiores al promedio nacional.

Un informe reciente del BID ( Empleos para crecer ) encontró que en Costa Rica el costo de contratar a un trabajador formal equivale a cerca del 35% del valor de su producción, una relación que supera el promedio de los países mayormente desarrollados de la OCDE. Cabe enfatizar que entre menor sea la productividad del empleado, más alta es esta proporción.

Al analizar a América Latina, el estudio señala a los costos de disolver una relación laboral como uno de los que más atenta contra la empleabilidad de los trabajadores poco calificados: “Cuanto mayor es el costo de despido, menos dispuestos parecen estar los empleadores a contratar jóvenes y otras personas a las que consideran de mayor riesgo”.

La nimiedad de Mi Primer Empleo queda en relieve cuando caemos en cuenta de que su objetivo es ahorrarles a las empresas por un año (a costillas del contribuyente) el costo no salarial de contratar un trabajador poco calificado. Peor aún, como indica Gutiérrez, el subsidio bien puede ir a grandes compañías que pensaban contratar de todas formas.

En lugar de dilapidar una millonada en una solución cortoplacista, más eficaz habría sido flexibilizar las regulaciones que encarecen la contratación de este tipo de trabajadores. Pero con este gobierno, eso sería pedirle peras al olmo.

(*) Juan Carlos Hidalgo es analista sobre América Latina en el Cato Institute con sede en Washington. Cuenta con un BA en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y una maestría en Comercio y Política Pública Internacional del George Mason University.