Por: Jorge Guardia 17 marzo, 2015

El debate fiscal debe girar 90 grados. En vez de centrarse en reformar los impuestos sobre la renta y al valor agregado (IVA), como pretende el Gobierno, deben resolverse primero las reformas legales para garantizar la futura sostenibilidad fiscal. Sin una ley de responsabilidad fiscal, no deben aprobarse más impuestos.

¿Quién liderará las reformas? El panorama es incierto. Ayer trascendió que la estrategia oficial es fraccionar su propuesta en nueve para reducir el déficit, palmo a palmo, en un 3,75% del PIB. Renta e IVA darían 2 puntos porcentuales (pp); reformas al gasto 1 pp; y exoneraciones 0,75 pp. Aunque se mencionan varias iniciativas administrativas para sustentar los recortes, pasan por alto el punto fundamental: la sostenibilidad fiscal.

¿Cuáles serían las normas vinculantes? Muchas se han discutido (y adversado) en el pasado, aquí y en otros lados. El tratado de Maastrich, por ejemplo, dicta límites permanentes al déficit fiscal (3% del PIB) y ciertos porcentajes de deuda externa. Son mínimos a observar, pero no establece sanciones por incumplimiento para evitar situaciones como las que enfrenta Grecia. Aquí, el Movimiento Libertario tiene algo avanzado. Lo ideal sería insertarlas en la Constitución, pero también pueden plasmarse en una ley.

¿Podrá el gobierno liderar estas reformas? Lo dudo mucho. No aparecen en su partitura ni tampoco bailan en su filosofía (siempre los escuchamos decir que el problema no era el gasto sino la carga tributaria). Entonces, deberá liderarlas la Asamblea Legislativa. Yo vería con agrado el impulso de diputados distinguidos por su conocimiento y responsabilidad fiscal, como Antonio Álvarez (PLN), Gerardo Vargas (PUSC), Otto Guevara (ML), Mario Redondo (ADC) y Ottón Solís (PAC). Sería conveniente que uno de ellos asuma la presidencia del Directorio legislativo.

Resumiendo, veo la reforma fiscal gravitando en varios planos, separados en el tiempo y con actores distintos. Primer plano: la Asamblea tramitaría, de urgencia, las reformas legales o constitucionales para dotarnos de sostenibilidad fiscal. Segundo: el Ejecutivo firmaría los decretos para disminuir el gasto cuya iniciativa y contenido le corresponden. Tercero: se aprobarían leyes para racionalizar los disparadores del gasto, incluyendo normas salariales del sector público, transferencias y pensiones, cuyo impulso debe desgranarse del Gobierno, pero negociarse de previo con la oposición. Finalmente, se harían las reformas a renta e IVA presentadas por Helio Fallas.

Sería un menú muy completo para sacar a Costa Rica adelante.