Por: Armando González R. 12 julio, 2015

La Casa Presidencial se declara sorprendida por el pacto entre los sindicatos, el partido de gobierno, la mitad de la fracción legislativa oficialista y el Frente Amplio. Al parecer, el presidente, Luis Guillermo Solís, se enteró por las informaciones publicadas en este diario, como también el Ministro de la Presidencia.

El pacto es de trascendental importancia para el gobierno, porque va a contrapelo de iniciativas indispensables para enfrentar la crisis fiscal. Si el Ejecutivo insiste en promoverlas, como lo anunció el mandatario, podría verse confrontado, no solo con los sindicatos y el Frente Amplio, sino también con los grupos del Partido Acción Ciudadana comprometidos por el pacto.

Si, por el contrario, la administración se viera tentada a ceder ante las fuerzas de izquierda coaligadas en torno a la llamada “agenda patriótica para el bien común”, enterraría toda esperanza de rehabilitar las finanzas públicas. Sin los votos de oposición, no habrá nuevos ingresos para el Estado, pero esos votos dependen de ajustes estructurales conducentes a reducir el gasto y la derrota de la austeridad es la razón de ser del pacto.

No hay forma de restar importancia a las repercusiones del acuerdo. Asombra, pues, que la jefatura de fracción y la presidenta del partido oficialista negociaran a espaldas de la casa de gobierno y hasta gestionaran su apoyo para celebrar la alianza en el Teatro Melico Salazar, sin revelar los verdaderos propósitos del acto.

Los negociadores no podían presumir falta de interés del gobierno. Su deber de informar, por elementales razones de lealtad y coordinación política, no puede soslayarse. En consecuencia, no extraña el escepticismo de diversos sectores frente a la protestas de ignorancia de la Casa Presidencial. El propio José María Villalta, del Frente Amplio, calificó de “poco creíble” el alegado desconocimiento del Ejecutivo.

Pero, si en efecto el gobierno se vio sorprendido, queda en evidencia un preocupante abismo entre la jefatura de fracción y el Ministerio de la Presidencia. No solo persiguen fines diferentes, sino que lo hacen de manera subrepticia, guardando secreto sobre temas medulares.

El Ministerio de la Presidencia está obligado a conocer el alineamiento de fuerzas en la Asamblea Legislativa. Su confesa ignorancia de lo que sucede en la bancada oficialista impide creer que esté mejor informado de cuanto ocurre en las demás. En esas circunstancias, su utilidad es cuestionable.