EscucharLos salarios de los funcionarios públicos han sido tema durante la semana. Gracias a la información, valientemente publicada por el diputado Otto Guevara y este periódico, nos enteramos de las sumas exorbitantes que devengan algunos empleados públicos. Esto permite la discusión sobre las causas y los efectos del actual sistema de remuneración del aparato estatal.
El resultado está a la vista. Una enorme disparidad de salarios, dentro del mismo sector público, y entre este y la empresa privada. El Estado paga salarios significativamente distintos a funcionarios en una misma categoría de puesto, que cumplen las mismas funciones y tienen las mismas responsabilidades.
Como lo demuestran los datos aportados por Recope y publicados ayer en este periódico, un chofer con 40 anualidades recibe un sueldo cuatro veces mayor que un chofer recién ingresado. Dicen que la experiencia vale, pero no sé si tanto.
Las anualidades o pluses varían de una institución a otra y no tienen ninguna relación con la eficiencia o la calidad del servicio que brinda el empleado público.
El otorgamiento de anualidades se basa simplemente en cumplir más años de laborar en el sector público. En la práctica, todos los funcionarios públicos reciben ese premio por “mérito”, aunque algunos de ellos no lo merezcan. Ciertas anualidades no tienen relación con la función desempeñada. Por ejemplo, ¿por qué un albañil recibe un plus por “dedicación exclusiva” y “carrera académica”?
La disparidad de salarios genera desmotivación entre funcionarios. Alguien que cumple sus funciones a cabalidad, o incluso va más allá de lo exigido, es posible que reciba un salario mucho menor que otro que hace muy mal su trabajo. De ahí que existan funcionarios públicos que deberían ganar un salario mayor, mientras que otros merecen menos, o incluso ser despedidos. Aunque se da el caso de funcionarios que no necesitan motivación alguna, la realidad es que a un buen grupo de ellos el sistema les quita las ganas de hacer bien su labor.
La causa de este sistema tan distorsionador es el enorme conflicto de intereses. Los jerarcas que otorgan los pluses salariales son ellos mismos funcionarios públicos. Se benefician, por tanto, de que el régimen de beneficios sea lo más grande posible. Son juez y parte.
Un sistema que es perverso en sí mismo no debe seguir. Hay que cambiarlo. Recordemos que lo pagamos todos los costarricenses, por la vía de más impuestos y de servicios públicos más caros.
(*) Luis Mesalles obtuvo su doctorado y maestría de Economía en The Ohio State University y su bachillerato en Economía en la Universidad de Costa Rica. Actualmente, es socio-consultor de Ecoanálisis y gerente de La Yema Dorada. Participa en varias juntas directivas. Anteriormente, fue vicepresidente de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, presidente de Academia de Centroamérica, profesor en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Stvdium Generale.
