Por: Jorge Guardia 21 julio, 2015

Una afirmación del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (UCR) dibuja la paradoja del gran debate nacional sobre las remuneraciones del sector público: “Hay ciertos sectores en la Asamblea que representan a los sectores más neoliberales con una concepción del mundo en que debe haber grandes diferencias entre ricos y pobres”. ¿Salarios de ricos y pobres? ¡Ajá!

¿Dónde se ubican los asalariados ricos y dónde los trabajadores pobres? El INEC revela que el ingreso promedio de los funcionarios públicos casi triplica el salario promedio privado. Entonces, los trabajadores ricos nadan en el sector público; los pobres chapalean en aguas privadas. Solo que a los pobres les toca sufragar con impuestos los salarios, remuneraciones, horas extra, prohibiciones, beneficios, incentivos y otros pluses de los servidores públicos. Un piñón de mala distribución.

Es probable que un buen lote de funcionarios se ubique en los quintiles más exuberantes del ingreso y también que la mayoría de empleados privados caiga en quintiles inferiores. Según el INEC, el ingreso familiar promedio de los más ricos (mejor quintil) recibe ¢2.537.439 mensuales y el ingreso per cápita del grupo es casi un millón (¢996.077). Eso se lo gana fácilmente un profesor en la UCR (o quizás algún chofer), técnicos en Japdeva, burócratas en Recope y hasta un cocinero (¿cocinero?) del ICE. Si tratan de polarizar la discusión salarial entre ricos y pobres, llevan las de perder.

Además, hay otros excesos que irritan al 85% de los trabajadores. El peón agrícola curtido al sol en los bananales o los eficientes trabajadores de construcción que ingresan a las seis de la mañana (algunos ni tiempo tienen de ducharse) se ganan el sueldo “con el sudor de su frente”. El que no rinde, o es haragán o engrosa el paredón del paro. Pero en el sector público la cosa no es así. Otros criterios prevalecen. Se ignora la productividad y el buen acicate del esfuerzo individual y no existe la movilidad laboral. Eso debe revertirse.

¿Tendrán el Gobierno y sus entes el valor? Lo dudo mucho. Rodrigo Arias sugiere convocar un referéndum. No es mala idea. De momento, hace bien la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea al abordar el tema y atar soluciones. No será fácil. Les negarán información, y el FA, parte del PAC, sindicatos, estudiantes y jerarcas universitarios los combatirán en las calles. Pero vale la pena dar la lucha, no solo por el alto déficit fiscal sino por principios éticos.

El salario hay que ganárselo, no ordeñarlo de la gran mama estatal.

(*) Jorge Guardia es abogado y economista. Fue presidente del Banco Central y consejero en el Fondo Monetario Internacional. Es, además, profesor de Economía y Derecho económico en la Universidad de Costa Rica.