Por: Nuria Marín Raventós 22 enero

Recientemente entró en vigor la ley de relaciones impropias, que penaliza con prisión las relaciones sexuales de personas mayores de edad con menores cuando ocurran en determinadas circunstancias.

La ley castiga con prisión de 3 a 6 años cuando la víctima sea mayor de 13 años y menor de 15 años y el autor sea 5 o más años mayor. En el caso de que la víctima sea mayor de 15 y menor de 18 años se penaliza con una sanción de 2 a 3 años cuando el o la responsable sea 7 años o más mayor que la víctima.

La ley igualmente prohíbe el matrimonio de todo menor de edad, por lo que ya no será posible que se casen menores aun con la autorización de los progenitores. La citada legislación es una deuda pendiente del país. Costa Rica estaba en contravención con los compromisos adquiridos como signataria de la Convención de los Derechos del Niño.

Se trata de una legislación de avanzada y de urgente necesidad para la protección de nuestros niños y adolescentes, que ayudará a la prevención del embarazo adolescente, una realidad que expone la salud y trunca anualmente el futuro y sueños de 14.000 niñas y jóvenes menores de 18 años.

El embarazo a estas edades tempraneras expone a la madre y a su bebé a complicaciones médicas al darse una mayor propensión a males como la anemia, nutrición insuficiente, parto prematuro y eclampsia, entre otros.

Según especialistas, otro factor negativo es que las diferencias significativas en los niveles de maduración entre la víctima y el mayor de edad muchas veces derivan en abusos físicos y sicológicos dadas las desigualdades de poder.

El embarazo adolescente es también causa de desescolarización según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (2014). Un 74,5% de estas niñas y adolescentes que se embarazan terminan abandonando el sistema educativo y sus proyectos de vida producto de su embarazo.

Por pertenecer una mayoría de las víctimas a población vulnerable, su baja escolaridad les dificultará, aún más, insertarse en el mundo laboral, lo que facilita perpetuar el círculo de pobreza.

Si bien el legislador ha creado una invaluable herramienta, lo cierto es que el ejecutivo deberá complementar con capacitación y sensibilización a la población y al turismo para romper con estas deleznables prácticas que violan los derechos de nuestros niños y adolescentes.