Por: Armando González R. 27 mayo

Henry Argüello cometió un hurto. Por fortuna, sus víctimas son personas inteligentes, con el corazón donde debemos llevarlo. Accedieron a deponer toda exigencia de castigo mientras el imputado asumiera el compromiso de cumplir los requisitos del Programa de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial.

El hurto tenía el propósito de alimentar la adicción al alcohol desarrollada por Henry, en las calles, desde los 13 años. En buena hora cometió el delito. Hizo un favor a sus víctimas, ofreciéndoles la oportunidad de enaltecerse espiritualmente. También benefició a la sociedad, proveyéndole un ejemplo de los medios disponibles para enfrentar fenómenos delictivos, irritantes por su frecuencia más que por sus limitados efectos. Además, se agenció, sin saberlo ni pretenderlo, la oportunidad de rehabilitarse.

Alejado del alcoholismo, Henry hizo cursos de capacitación, consiguió empleo y es un pequeño empresario. Sin la buena voluntad de sus víctimas y los programas de justicia restaurativa, no es difícil imaginarlo capacitado para fines muy distintos en las universidades del delito de los centros penitenciarios.

Las adicciones son un problema de salud pública. Lo mismo puede decirse de los delitos derivados de ellas. El hurto cometido por un adicto para mantener el vicio es una extensión de la enfermedad original, en el caso de Henry, el alcoholismo. La cárcel no es remedio y muchas veces agrava el padecimiento.

La historia de Henry alegra y conmueve, pero es excepcional. Las oficinas de justicia restaurativa solo existen en el Primer Circuito Judicial de San José, Heredia y Pérez Zeledón. Al Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) apenas le alcanza el presupuesto para pagar una decena de tratamientos al año. También son escasos los albergues.

Henry tuvo la suerte de encontrar refugio en un hogar especializado, pero el país no está preparado para enfrentar las adicciones como problema de salud pública. Las encara como actividad delictiva con grave demérito para la justicia y otros valores humanitarios. Al final, lo paga caro.

Pese a las limitaciones, el programa ha atendido a 254 personas desde el 2013. Solo 23 violaron sus compromisos y causaron la revocatoria del beneficio. Otros volverán a tropezar con la piedra de la adicción, pero el éxito es suficiente para desear que la iniciativa cobre las dimensiones de una verdadera política pública, ojalá a cargo de las autoridades sanitarias y siempre con el apoyo privado que hoy la mantiene a flote.

Armando González es director de La Nación.