Por: Luis Mesalles 7 julio

El nuevo puerto de Moín no estará listo en el tiempo previsto. Se calcula un atraso de un año para el inicio de operaciones. Esto lo aprovechan algunos para criticar el esquema de concesiones de obra pública a empresas privadas.

Sin embargo, debe considerarse que, en este caso, la concesionaria, APM Terminals, absorbe las pérdidas generadas por el atraso, estimadas en unos $60 millones. Cuando suceden errores en las obras construidas por instituciones estatales, el costo extra lo asumimos los costarricenses, porque se supone somos los dueños de dichas instituciones. Tal es el caso del proyecto hidroeléctrico Balsa Inferior, para mencionar solo uno. De un costo estimado inicial de alrededor de $100 millones, el proyecto terminó costando más de $300 millones. La CNFL ya hizo la solicitud de aumento de tarifas de electricidad ante la Aresep para trasladar el exceso a los consumidores.

Ahora bien, de esos ejemplos tampoco debemos concluir que los proyectos hechos por empresas privadas son siempre más baratos que los desarrollados por empresas públicas. Si no sucede ningún error, y todo sale mejor de lo esperado, la ganancia se queda en manos de un empresario en un caso, y como ahorro para todos los costarricenses, en el otro.

Además, se puede dar el caso de contratos de obra que le permitan a la empresa privada obtener siempre una ganancia sustancial, aun cuando algún imprevisto incremente sus costos. Eso sucede, por ejemplo, cuando ocurre corrupción, poder monopólico o mal diseño del proceso de licitación y contratación.

Por el lado de empresas públicas, el problema son los pocos incentivos para desarrollar los proyectos al más bajo costo y menor tiempo posibles. Los empleados públicos devengan un salario sin importar la calidad o eficiencia de su trabajo; si hay atrasos, a nadie le duele; los presupuestos se hacen con base en el gasto del año anterior, de manera que el incentivo es para gastar más, y que así la institución no pierda tamaño, ni relevancia; el control sobre los gastos suele ser deficiente por la cultura de “lo que es de todos no es de nadie” y, además, al final de cuentas, la tarifa se ajusta según el costo.

De manera que ni uno es mejor por ser público, ni el otro es mejor por ser privado. Todo depende del diseño institucional que se tenga. Y en eso hay mucho trabajo por hacer en este país.