Por: Juan Carlos Hidalgo 1 junio, 2015

El aguacate está pronto a desaparecer de las mesas costarricenses debido a la obstinación del Gobierno por la “soberanía alimentaria”, aldeanismo que sostiene que debemos producir lo que comemos.

La inminente escasez surge a raíz de la prohibición de importar la fruta desde nueve países, en particular México, ante la aparente presencia de una enfermedad. La producción local alcanza para abastecer menos del 20% del consumo nacional.

La medida la tomó el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), órgano del MAG que en los últimos meses ha estado muy activo poniendo trabas a la importación de productos como papa, frijol y cebolla. No es coincidencia que el nuevo director del SFE sea un confeso defensor del proteccionismo agrícola. Senasa, también del MAG, igualmente intentó bloquear la entrada de carne de cerdo de Chile.

Se supone que las decisiones de estos entes son técnicas y basadas en la evidencia. Sin embargo, en la minuta de una reunión entre representantes del SFE y su equivalente de México, los nacionales admitieron no registrar “detección alguna” de enfermedad en el aguacate mexicano. El SFE afirma que la medida “se tomó por prevención” con base en, únicamente, “citas bibliográficas”. El jueves en el programa de Amelia Rueda, el ministro de Agricultura confesó orondamente que Senasa buscó frenar la importación de cerdo chileno por presión de los porcicultores nacionales, sin que mediaran consideraciones fitosanitarias.

En el caso de la papa, el SFE empezó a solicitar que a las importaciones de Canadá se les aplique un inhibidor de germinación específico que, casualmente, tiene muchos años de no ser utilizado. Las autoridades canadienses indican que “Costa Rica es el único país que especifica el tipo de químico que debe ser usado” en el tratamiento del tubérculo. El resultado es que desde setiembre no se importa papa, y si bien el producto no escasea como el aguacate, el precio se ha disparado de un promedio de ¢400 el kilo a más de ¢1.000 en abril. Además, el 70% de la papa que se cultiva aquí no es apta para fines industriales.

La actuación arbitraria del MAG pone en peligro cientos de empleos directos en el sector importador y expone al país a represalias comerciales. Pero las principales víctimas son los consumidores, en particular los más pobres, quienes tendrán que pagar cada vez más a la hora de comprar el diario o, cuando exista desabasto, conformarse con comer soberanía.

(*) Juan Carlos Hidalgo es analista sobre América Latina en el Cato Institute con sede en Washington. Cuenta con un BA en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y una maestría en Comercio y Política Pública Internacional del George Mason University.